La Cámara Federal porteña ordenó unificar dos causas que tramitaban en paralelo en Comodoro Py. Francisco Adorni fue denunciado por la diputada Marcela Pagano junto al exministro de Defensa, Luis Petri, por presunta malversación de fondos.
La trama judicial que salpica al entorno del exjefe de Gabinete sumó un capítulo decisivo en los tribunales de Retiro. En una resolución firmada por el camarista Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal resolvió concentrar toda la investigación por las presuntas irregularidades en el otorgamiento de un crédito de $40.000 millones bajo la órbita de un solo magistrado: el juez federal Sebastián Ramos, quien comandará el expediente junto al fiscal Ramiro González.
La decisión unifica una denuncia penal impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano contra Francisco Adorni —actual legislador provincial y hermano de Manuel Adorni— por su desempeño al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), con una causa previa que ya investigaba el desvío de fondos y la posterior disolución de la obra social militar.
Las claves de la imputación: el desvío del dinero previsional
El expediente unificado busca determinar si existieron maniobras de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y administración fraudulenta a través de una serie de triangulaciones financieras entre el Ministerio de Defensa y sus organismos descentralizados:
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El préstamo millonario: El IAF (bajo la conducción de Adorni) le otorgó un rescate financiero de $40.000 millones al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) para intentar paliar su severo déficit.
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Falta de control: La denuncia sostiene que Francisco Adorni consintió una aplicación irregular de los recursos previsionales destinados a los retirados militares para financiar los gastos corrientes de una obra social que se encontraba técnicamente al borde de la quiebra.
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Otras anomalías bajo la lupa: El juzgado de Ramos ya venía investigando al IOSFA por supuestas compras directas de armamento y medicamentos por $25.000 millones cada una, además de un polémico convenio para retener el 2% de los salarios del personal militar en actividad con el fin de cubrir el rojo institucional.
El argumento de la unificación: Aunque en un principio el caso se había delegado en el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal entendió que existía una “estrecha conexidad temporal y de protagonistas”. Al unificar los expedientes, la Justicia busca tener una radiografía integral del circuito de fondos que conectaba a la cartera conducida por Luis Petri con las entidades descentralizadas.
El frente judicial de los hermanos Adorni
El avance de esta causa eleva la presión sobre el clan familiar en los tribunales federales. Francisco Adorni, quien asumió la presidencia del IAF en junio de 2025 antes de pasar a la legislatura bonaerense, arrastra de forma paralela una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de adquisiciones patrimoniales y la cancelación exprés de deudas que no coincidirían con sus ingresos declarados.
Por su parte, su hermano Manuel Adorni también cuenta con restricciones dictadas por la propia justicia federal, que recientemente le ordenó notificar formalmente cada una de sus salidas del país en el marco de las pesquisas que revisan la evolución de su patrimonio personal. Con la unificación de los expedientes del IOSFA en Comodoro Py, la fiscalía se encamina a definir los llamados a indagatoria para los exfuncionarios involucrados.
