De 105 profesionales, 82 renunciaron por malas condiciones. El IPS asegura que “la atención está garantizada” y sugiere llamar antes de operarse.
Desde el 8 de abril, solo 23 cirujanos continúan operando bajo convenio con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). El resto —82 profesionales de la Sociedad de Cirugía— rescindió su vínculo por desacuerdos con la obra social. Mientras los quirófanos se vacían, el Instituto insiste en que “todo sigue normal”.
El corte en carne viva
El conflicto arrancó el 8 de marzo, cuando la Sociedad de Cirugía notificó oficialmente la baja masiva de sus integrantes como prestadores del IPS. El plazo de 30 días corrió sin respuesta efectiva del Instituto. “Solicitamos que ratificaran o rectificaran su decisión, pero no contestaron”, explicaron desde la entidad. Traducción: no hubo acuerdo, ni negociación. Solo un portazo.
Pese al golpe, el IPS intenta minimizar el desbande. Afirma que se trata de “un caso puntual” y que aún hay 23 cirujanos trabajando bajo convenio. Una cifra que palidece frente al total de profesionales que estaban activos hasta hace un mes. En paralelo, apela a médicos del Círculo Médico de Salta y hospitales públicos para sostener las intervenciones. El parche no alcanza para tapar la herida.
El silencio institucional y el murmullo de los pasillos
En su último comunicado, el IPS recomendó a los afiliados “consultar previamente” antes de asistir a turnos o cirugías. La frase, que suena a protocolo administrativo, esconde un paisaje mucho más crudo: listas de espera que crecen, cirugías reprogramadas y pacientes que llegan a las oficinas de España 782 sin saber si su operación sigue en pie.
Mientras tanto, desde la Sociedad de Cirugía se mantienen en silencio oficial, pero médicos consultados admiten que el principal motivo de la ruptura es el atraso en los pagos y los valores arancelarios congelados. “La cuenta no da. Y no estamos hablando de un delivery, sino de abrir cuerpos”, desliza un profesional en off.
El efecto dominó en quirófano
El impacto ya se empieza a sentir. En clínicas privadas, los turnos quirúrgicos se achican y las urgencias deben derivarse a hospitales públicos, que también están al límite. Pacientes crónicos —como aquellos con hernias, cálculos o tumores— se ven obligados a postergar tratamientos. Y en muchos casos, a pagar de su bolsillo.
Mientras tanto, el IPS repite su mantra: “la atención está garantizada”. Una garantía que, en los hechos, depende de solo 23 médicos para atender a más de 300 mil afiliados. Un equilibrio tan frágil como una camilla sin patas.
Un sistema que promete cobertura total, pero sobrevive con un puñado de cirujanos y llamados previos para ver si alguien atiende.
¿Puede una obra social operar con normalidad cuando la mayoría de sus bisturíes ya fueron guardados?
