El Gobierno creó mediante un decreto de necesidad y urgencia la Agencia Nacional de Protección de testigos e Imputados, un organismo autárquico que estará a cargo del presidente de la Cámara de Casación e integrado por el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad-
La intención es que cuando asuma el nuevo presidente, el antiguo Programa de Protección de Testigos e Imputados, que vela por la seguridad de los arrepentidos que declararon contra el kirchnerismo, entre otros, no quede bajo el control del nuevo gobierno.
Actualmente se encuentran bajo el programa unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo. Son personas de baja exposición y no presentaron mayores problemas.
Según el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados tiene “carácter de ente autárquico” y estará ” dotado de autonomía funcional.
Argumentaron que sus funciones son juzgar en las causas que llegan a su conocimiento y, en todo caso, valorar las declaraciones de los testigos protegidos y de los imputados que declaran como “arrepentidos”, pero entre sus tareas no está velar por la seguridad de estas personas. No convenció a los jueces ni la atractiva carga con la que venía el programa, que consistía en más de 50 contratos,