Un recluso del Complejo Penitenciario Federal NOA III recibió una pena unificada de ocho años y medio de prisión tras comprobarse que operaba una red de venta de estupefacientes desde el interior del penal.
La justicia federal dictó una dura condena en el marco de una causa por narcomenudeo y narcotráfico dentro de contextos de encierro. Un interno identificado como David Gabriel Moreno fue condenado a ocho años y seis meses de prisión, tras un acuerdo pleno impulsado por la fiscalía que dejó al descubierto cómo operaba un circuito de comercialización de drogas dentro de la cárcel federal de General Güemes, en la provincia de Salta.
Operativos de control y miles de dosis secuestradas
La investigación —llevada adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual— se profundizó a partir de requisas y controles rigurosos dentro del Complejo Penitenciario Federal NOA III.
Durante uno de los procedimientos de requisa y mediante el uso del sistema de escaneo corporal (body scan), las autoridades detectaron que el imputado llevaba ocultos envoltorios con sustancias prohibidas. Sumado a otros operativos y registros donde se constató el arrojo de paquetes desde las ventanas de las celdas, los peritajes químicos determinaron que el volumen total de estupefacientes incautado entre marihuana y otras sustancias equivalía a más de 2.700 dosis listas para la venta intramuros.
Unificación de penas y un fallo clave
Para llegar a la condena final, se contempló tanto la nueva acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada como una condena previa que el imputado arrastraba desde noviembre de 2023 por el delito de transporte de estupefacientes.
El acuerdo pleno homologado por la justicia determinó una pena base de seis años por el nuevo delito cometido en el penal, la cual se unificó con la anterior para totalizar los ocho años y medio de reclusión efectiva. El fallo marca un nuevo precedente en el combate contra las organizaciones narcocriminales que intentan operar y reclutar integrantes desde las propias unidades penitenciarias de la región.
