Las defensas de los imputados por las protestas contra la reforma constitucional impulsada en 2023 en Jujuy reclaman frenar el debate oral. Advierten graves violaciones al debido proceso, rechazo de pruebas exculpatorias y una persecución orientada al disciplinamiento popular.
A tres años de las masivas movilizaciones conocidas como el “Jujeñazo”, la tensión judicial escaló con fuerza en la provincia norteña. Las defensas de los 19 luchadores sociales, sindicalistas y referentes territoriales imputados formalmente por participar de aquellas protestas exigieron la suspensión inmediata del juicio oral, al calificar el proceso como un “mamarracho jurídico” y una maniobra de persecución política.
Los procesados enfrentan cargos por supuestos delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y atentado contra la administración pública, en una causa originada tras el estallido popular en rechazo a la reforma constitucional regresiva impulsada durante la gestión de Gerardo Morales y continuada por el actual gobierno provincial de Carlos Sadir.
Irregularidades procesales y denegación de pruebas
Durante una conferencia de prensa brindada en la sede del gremio docente universitario ADIUNJu, de la que participaron referentes de comunidades originarias —como Caspalá y Ocloyas— y organizaciones de derechos humanos, los equipos legales detallaron las principales objeciones al expediente:
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Vulneración del derecho de defensa: Las defensas denunciaron que el juez a cargo denegó sistemáticamente la incorporación de pruebas clave y material audiovisual exculpatorio que demostraría la inocencia de los acusados.
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Criterios absurdos: Cuestionaron que el magistrado haya considerado la propia abstención de declarar de un imputado como un presunto “indicio de culpabilidad”, tildando el procedimiento de arbitrario.
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Disparidad ante la ley: Apuntaron a una profunda asimetría en los criterios judiciales, contrastando la velocidad y dureza punitiva aplicada contra quienes protestaron en las calles frente al archivo sistemático o la benevolencia en causas por corrupción y violencia institucional que involucran a exfuncionarios provinciales.
Plan de lucha y movilizaciones
Ante este panorama, gremios, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales lanzaron una campaña nacional exigiendo el sobreseimiento definitivo de los 19 imputados.
Las medidas de resistencia no se limitarán al ámbito tribunalicio: se organizaron radios abiertas, conferencias y protestas públicas en distintos puntos del país, incluyendo acciones frente a la Casa de Jujuy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su adhesión a la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, para visibilizar lo que consideran un claro intento de criminalización de la protesta social en la Argentina.
