Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena en prisión domiciliaria, con custodia de la Policía Federal, y sin utilizar tobillera electrónica. El pedido, presentado el lunes ante el Tribunal Oral Federal 2 por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, se fundamenta en tres ejes: la seguridad especial por su rol como ex mandataria, el intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022 y su edad (72 años), que la habilita a pedir este beneficio.
En el escrito de 13 páginas, la defensa requirió que el arresto domiciliario se cumpla en su departamento de la calle San José 1111, donde Kirchner reside actualmente y donde ayer saludó desde el balcón a sus seguidores. Sobre la seguridad, recordaron que debió enfrentar un atentado con un arma de fuego a centímetros de su rostro, y advirtieron que la persona investigada en ese ataque “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
Los abogados también argumentaron que, de retenerla en una unidad carcelaria, la ex presidenta debería quedar en un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, condiciones incompatibles con “los estándares constitucionales y convencionales que prohíben tratos crueles o inhumanos”. Asimismo, apelaron a la ley que permite a las personas mayores de 70 años acceder a la domiciliaria por motivos etarios.
Sobre la tobillera electrónica, la defensa sostuvo que, al contar con custodia policial las 24 horas, el dispositivo no es necesario. Sin embargo, la ley de ejecución penal exige su uso para garantizar el cumplimiento del arresto domiciliario.
El juez Jorge Gorini otorgó cinco días hábiles para que Kirchner y los otros ocho condenados se presenten en Comodoro Py y ordenó a la ministra Patricia Bullrich asignar “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas” para su alojamiento, teniendo en cuenta su edad, el atentado y su rol institucional.
El Tribunal Oral deberá resolver ahora el pedido de prisión domiciliaria con informe previo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya reclamaron la “inmediata detención” de la ex presidenta y sus coimputados.
