Tras el aval de la Corte Suprema para avanzar con la ejecución patrimonial, el fiscal Diego Luciani recalculó la cifra sumando el impacto de la inflación acumulada. El Tribunal ya aprobó 111 inmuebles para iniciar los remates.
La causa Vialidad entra en su fase financiera más agresiva. Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los últimos recursos de la defensa y dejara firme la orden de decomiso, el Ministerio Público Fiscal actualizó el cálculo del perjuicio económico ocasionado al Estado. Según la nueva estimación efectuada por el fiscal Diego Luciani, el monto total que deberán abonar solidariamente los condenados asciende ahora a los $898.000 millones.
Esta cifra millonaria representa un salto significativo respecto de los $685.000 millones convalidados previamente, debido a que el fiscal recalculó los valores sumando el índice de inflación acumulada desde el año pasado hasta la fecha.
El origen de la cifra y el avance sobre los bienes
El monto del decomiso responde a la fórmula matemática que la Justicia determinó para resarcir al erario público por la matriz de corrupción en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015. El cálculo se fundamenta en:
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La cartelización de la obra pública: El direccionamiento sistemático de 51 licitaciones viales en favor del Grupo Austral.
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El sobreprecio: Las peritaciones judiciales determinaron que las obras viales adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez tuvieron un sobreprecio promedio del 20%.
Para hacer efectivo el cobro de esta suma, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ya puso en marcha las medidas de ejecución patrimonial. Hasta el momento, la Justicia aprobó un listado de 111 inmuebles sujetos a tasación y posterior remate. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa rastreando y revisando más propiedades registradas a nombre de los involucrados para garantizar la cobertura total del monto.
El frente familiar y los bienes de los hijos
El proceso de decomiso genera máxima tensión política y familiar debido al alcance de las garras judiciales sobre el patrimonio heredado. La defensa de la exmandataria —quien actualmente se encuentra cumpliendo la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria— intentó frenar el avance sobre la porción de los activos que fueron transferidos a sus hijos.
La Cámara de Casación ya ratificó un criterio clave para el recupero de activos por corrupción: “Los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”. Bajo esta premisa, la ejecución incluye 19 propiedades (10 departamentos, dos casas en Río Gallegos y extensos terrenos en Lago Argentino) que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que fueron recibidos a título gratuito por vía hereditaria.
Dado que gran parte del patrimonio corporativo de Lázaro Báez ya fue rematado en la quiebra de Austral Construcciones y en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, los activos personales e inmobiliarios de la expresidenta pasaron a ser el objetivo principal de los tasadores oficiales para saldar la cuenta pendiente con el Estado.
