En un fallo histórico, la Jueza Claudia Tula se declaró incompetente en la causa contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, ordenando su inmediata liberación y remitiendo el caso a la Justicia Federal. Esta decisión confirma lo que desde un principio denunciamos: la persecución política y judicial por parte del gobierno de Alfredo Cornejo contra los defensores del agua, la tierra y la vida en Uspallata.
Los militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata son criminalizados por oponerse al avasallamiento de los derechos ambientales y comunitarios, en el marco de la pretensión de instalar un emprendimiento de mega minería en la cuenca del Río Mendoza. Esta persecución ilegítima busca silenciar la lucha legítima y pacífica de un pueblo que defiende sus recursos naturales y su futuro.
Sin embargo, hoy la Justicia ha dado un paso importante al reconocer que este caso excede su competencia y debe ser tratado en el ámbito federal, donde esperamos que se investiguen no solo las irregularidades de este proceso, sino también los intereses económicos y políticos detrás de la criminalización de la protesta social.
Seguiremos denunciando esta persecución arbitraria. Alfredo Guevara
