Guillermo Poch, abogado tributarista, dialogó sobre los recientes incrementos en el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Calificó los aumentos como “ilegales y desmedidos” y analizó el impacto de la presión fiscal sobre los productores rurales.
“En abril ya se había aprobado un aumento del 200 por ciento, pero ahora estamos hablando de subas del 300, 400 y hasta 500 por ciento”, inició Guillermo Poch, quien subrayó que los incrementos comenzaron a llegar en diciembre y provocaron que muchos productores rurales de localidades como Azul y Junín acudieran a la justicia. “Algunos amparos ya fueron favorables a los productores, calificando los aumentos como ilegales”, puntualizó.
El abogado explicó que el gobierno de Axel Kicillof enfrenta un dilema fiscal debido a la reducción de fondos nacionales y que esto ha llevado a aplicar una mayor carga tributaria para sostener el tamaño del estado. “Hoy, la gente parece preferir un estado más chico. Esto no es político, es social”, aseguró.
Además, Poch señaló que los amparos judiciales solo benefician a quienes los presentan, pero pueden desencadenar una serie de nuevas acciones legales. “Es de esperar que otros productores se sumen a esta movida, pero mientras tanto, muchos tendrán que seguir pagando el aumento”, comentó.
En lo que se refiere a la situación fiscal general, el especialista sostuvo: “O la provincia recauda más, se endeuda, o reduce el tamaño del estado. No hay más alternativas”. También abordó el debate sobre la eficiencia del sistema tributario en Argentina, enfatizando que la carga impositiva elevada complica la competitividad de los productos locales frente a los importados
