El Gobierno Nacional aprueba la polémica actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta
Este jueves, el Gobierno Nacional de Javier Milei aprobó la controversial actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la provincia de Salta, a pesar de las numerosas oposiciones de sectores ambientalistas, comunidades originarias y legisladores provinciales. La medida ha generado una fuerte polémica, al considerarse que implica una expansión de la frontera agropecuaria que podría afectar gravemente tanto los bosques nativos como las comunidades indígenas.
Los intereses del campo y la presión por flexibilizar la legislación
La aprobación del nuevo OTBN responde en parte a las demandas del sector agropecuario salteño, que ha presionado para obtener un marco legal más flexible que permita avanzar con sus proyectos de desarrollo. Esta urgencia se debe a la normativa internacional sobre la deforestación, como la Resolución 1115/23 de la Unión Europea, que establece que, a partir de 2025, solo se podrán comercializar en ese mercado productos libres de deforestación. Así, la flexibilización del OTBN resulta clave para asegurar el acceso de las materias primas salteñas a los mercados internacionales.
El jueves, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, se reunió con autoridades nacionales para presentar la actualización del OTBN, la cual fue convalidada por la Nación. Según los funcionarios provinciales, esta nueva versión busca una protección más eficiente de la biodiversidad y la cultura de los agroecosistemas, aunque las críticas por su impacto ambiental no se hicieron esperar.
Preocupación por el impacto ambiental y las comunidades originarias
Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Cebil han denunciado que el nuevo OTBN podría permitir el desmonte legal de 721.568 hectáreas adicionales de bosques nativos en la provincia. Según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, Salta ha perdido más de 700,000 hectáreas de bosques, muchas de ellas en áreas donde no se permite el desmonte. Las organizaciones cuestionan que esta nueva zonificación favorezca la expansión de la frontera agropecuaria sin contemplar adecuadamente el impacto en los ecosistemas y las comunidades locales, particularmente las originarias, que no fueron consultadas sobre la medida.
El OTBN actualizado incluye una categoría marrón que no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques ni fue discutida en los espacios consultivos oficiales. Esto ha generado críticas por la falta de transparencia y por la posibilidad de que las decisiones sobre desmontes se tomen de manera arbitraria por el Poder Ejecutivo provincial.
Falta de consulta a las comunidades indígenas
Un equipo de la Fundación Cebil, junto con Greenpeace, recorrió el norte de Salta, visitando comunidades indígenas como las de Pichanal, Tartagal y Orán, donde habitan pueblos wichí, entre otros. En estas visitas, se constató que las comunidades no habían sido consultadas sobre la actualización del OTBN, lo que ha sido señalado como una violación a sus derechos, especialmente en un contexto en el que muchas de estas comunidades dependen directamente de los bosques para su sustento.
Las críticas de los legisladores salteños
El 23 de octubre, la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de Salta expresó su preocupación por la actualización del OTBN. Los legisladores solicitaron más información sobre el proyecto y pidieron que se cumplieran los compromisos con las comunidades indígenas y campesinas. La falta de consulta previa y el impacto que la medida tendría sobre el medio ambiente y las comunidades fueron algunos de los puntos destacados por los legisladores.
Deforestación y desafíos climáticos
El avance de la frontera agropecuaria es la principal causa de la pérdida de bosques en Argentina, especialmente en la región del Gran Chaco, que alberga el segundo ecosistema forestal más grande del continente. Greenpeace ha señalado que, a pesar del compromiso de Argentina de alcanzar la “Deforestación Cero” para 2030, los niveles de desmonte ilegal siguen siendo altos, lo que pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus compromisos climáticos.
El nuevo OTBN ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental, y el futuro de los bosques nativos de Salta y otras provincias se mantiene como una cuestión crítica en la agenda pública.
