El conflicto generado por la construcción de una escuela en la comunidad de Caspalá, Jujuy, cobró gran relevancia tras diversas denuncias que alertaron sobre los daños potenciales al patrimonio cultural y ambiental del pueblo. Tras un extenso recorrido legal que comenzó en el fuero provincial, el caso llegó a tribunales federales debido a que los fondos para la obra provenían del Estado nacional.
Una medida cautelar paralizó las obras, lo que motivó impugnaciones por parte del gobierno provincial. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó los planteos, y el caso fue reencausado. La Fiscalía de Distrito, bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba, encomendó la investigación a la fiscal Orsetti. Ella encabezó una exhaustiva indagación, que incluyó trabajo de campo en Caspalá y la colaboración de expertos arqueólogos y geólogos de distintas partes del país. Los informes presentados por los especialistas evidenciaron el grave daño ocasionado por la construcción.
Con el objetivo de restablecer la paz social y garantizar la reparación integral de los daños, la fiscal Orsetti logró encaminar una solución alternativa. El 13 de noviembre, se alcanzó un acuerdo con el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, quien se comprometió a restaurar las condiciones previas en la comunidad, brindando tranquilidad a los afectados.
La resolución fue recibida con alivio y satisfacción por los pobladores. La abogada querellante, Silvana Llañes, calificó el acuerdo como una “reivindicación de los derechos avasallados” y destacó el esfuerzo de la justicia federal, especialmente de la fiscalía, por llevar a cabo una investigación minuciosa que permitió restituir los derechos de la comunidad.
Los pobladores se mostraron emocionados por la resolución y expresaron que el conflicto iba más allá de la construcción de una escuela: se trataba de proteger su identidad y su legado para las generaciones futuras. “Lo único que queríamos era respeto, no ser tratados como una peste”, afirmó un miembro de la comunidad, resaltando que la justicia no solo se había hecho para ellos, sino también para sus abuelos y ancestros.
Recuerdos de las difíciles escenas de violencia institucional vividas durante las protestas emergieron entre los pobladores. “Nos azotaron con balas de goma y gases lacrimógenos; no tuvieron compasión de las mujeres, los niños ni nuestros abuelos”, recordó una pobladora, relatando los momentos de tensión. A pesar de todo, la solidaridad entre los miembros del pueblo fue fundamental para superar los obstáculos, como el caso de la familia Cruz, que tras perder animales y cultivos debido a la ocupación estatal, pudo recuperar su vida gracias al apoyo colectivo.
