Nos lo cuenta la activista social Glenda García Solís, una de los siete ciudadanos ecuatorianos que presentaron una demanda constitucional que obtuvo sentencia el 5 de abril de este año y que obliga a que el Ministerio de Salud Pública entregue a la jueza a la que se remitió la demanda la información de los contratos suscritos por el gobierno de Ecuador y las compañías farmacéuticas para inocular a la población con motivo de la COVID 19.
«A la queja, a la protesta – dice-, se le dio forma legal con asuntos vitales como conocer el por qué se había firmado con empresarios un acuerdo para hacer una vacunación masiva o si había sido secuenciado el virus SARS COV 2. También si era obligatorio vacunar a la población, o si las empresas farmacéuticas han ofrecido reparación en caso de efectos secundarios e incluso la muerte a quienes han recibido los inóculos. Se les pregunta si está prohibido hacer autopsias a cadáveres supuestamente contaminados por el COVID 19, y se pide al Ministerio de Salud que revele si han firmado algún acuerdo con la OMS que comprometa a nuestro país, y de existir, que se nos remita copia de dicho acuerdo. Y copia íntegra de los acuerdos firmados por el Ministerio de Salud con los representantes autorizados de los laboratorios cuyas vacunas se hayan aplicado en el Ecuador».
«Las farmacéuticas contestaron con una cláusula de confidencialidad y que por eso no lo entregaban – continúa -. Pero eso no es válido porque toda información relacionada con la salud en Ecuador pertenece a los ciudadanos». Los susodichos siete ciudadanos se quejan de no saber tampoco el contenido de estas vacunas.
Glenda García recuerda que la Republica Dominicana reveló ese contrato, el suscrito con las farmacéuticas, y añade que Colombia filtró información de estos contratos. «La República Dominicana cedió soberanía de su país para obligar al cumplimiento del pago».
Está al tanto de todo, como podemos comprobar.» Sí, he oído la teoría de que el organismo de Defensa norteamericana, al que está vinculado Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, fue quien desarrolló este virus artificial y las farmacéuticas quienes terminaron por introducirlo». Pero aporta otras consideraciones, como la de que el negocio lo planifica COVAX, organismo que forman 190 países y dirigen la OMS, CEPI y GAVI, este último manejado por el filántropo Bill Gates. «El COVAX lo vendía como que nos estaban haciendo un favor porque nosotros no íbamos a tener los recursos necesarios para adquirir las vacunas. Y como todo el mundo estaba desesperado, en marzo, abril, murió mucha gente, los cadáveres los veías en Guayaquil en los parterres también en marzo de 2020… Se vivió un miedo psicológico, porque fue un plan psicológico el que se creó para aterrorizar a la gente, sin dejar actuar además a médicos que tenían medios para acabar con la pandemia».
Hay corrupción en la justicia ecuatoriana, pero esta jueza, Sonia Patricia Ramírez Ávalos, de Quito, se armó de valor dictando una sentencia que beneficia a la ciudadanía y que puede servir de derecho comparado a otros países. El abogado William Sánchez ha llevado la bandera de la representación de nuestros derechos e hizo un magnífico trabajo, y también los demás -señala -. Y advierte: «Si el gobierno no entrega los documentos caerá en el desacato y en un delito de lesa humanidad».
Pero lo peor viene cuando Glenda García anuncia que están volviendo a exigir que a los niños se los vacune con las dosis completas, se genera obligación porque la gente no quiere vacunarse». Es la historia de nunca acabar.
