Nos lo cuenta la activista social Glenda García Solís, una de los siete ciudadanos ecuatorianos que presentaron una demanda constitucional que obtuvo sentencia el 5 de abril de este año y que obliga a que el Ministerio de Salud Pública entregue a la jueza a la que se remitió la demanda la información de los contratos suscritos por el gobierno...
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