La crisis habitacional en la provincia, y en la ciudad en particular ha dejado en las últimas semanas en evidencia la pobreza. Muchas familias buscan un terreno para poder construir un techo bajo el cual resguardarse.
Por esta situación, la Mesa de Derechos Humanos de Salta ha difundido el siguiente comunicado, haciendo hincapié en la violencia institucional por parte de la policía.
“Ante la profunda crisis habitacional de la provincia la Mesa de Derechos Humanos de Salta repudia la represión contra los asentamientos en los barrios Justicia, Sanidad y Solidaridad.
Una vez más, en lugar de dar respuesta al reclamo de las familias sin tierra, el gobierno emplea la brutalidad policial.
La crisis actual es el resultado de la insensibilidad y negligencia del Estado, de décadas de falta de políticas para solucionar el problema habitacional. En Salta hay 72 mil familias sin techo, no hay acceso al crédito bancario, desde 2014 la provincia no compra terrenos para loteos, el último barrio entregado por el IPV fue en 2018 y en 2019 no se incluyó ninguna nueva urbanización en el presupuesto y no había recursos para financiar la compra de lotes.
Durante la gestión de Urtubey la asignación de recursos para viviendas fue cayendo año tras año y desde 2010 apenas llegaba al 3,75% del presupuesto, en una provincia que ya en 2008 declaró la emergencia habitacional.
A esto se suma la endémica corrupción, el malgasto de los recursos públicos. Para dar sólo un ejemplo, los exorbitantes gastos en publicidad oficial. Según informes de Salta Transparente, en 2019, en plena emergencia alimentaria, el gobierno de Urtubey gastó casi 860 millones de pesos en publicidad, es decir, casi dos millones de pesos por día. Preguntamos: ¿cuántos lotes se hubieran podido comprar con esos millones?
Por otro lado, la pandemia agravó aún más la situación. Una de sus peores consecuencias es la crisis habitacional. La gente está desesperada en todo el país, sin trabajo, sin techo, sin poder alquilar y comer a la vez. Según una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos, ya en el mes de abril el 65% de los inquilinos de Salta no pudo pagar el alquiler y el decreto del gobierno nacional que prohíbe los desalojos por falta de pago por seis meses no se está cumpliendo.
A todo esto, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda sale a declarar muy suelto de cuerpo que no hay casas y no hay terrenos, es decir, no hay vistas de una solución a corto ni a mediano plazo y no hay esperanzas para los sin tierra. Lo que constituye, prácticamente, una negación del derecho a la vivienda. Frente a esta realidad, el gobierno criminaliza a las víctimas, porque los políticos saben cómo culpar a todo el mundo, excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables, apoyados en esta sucia tarea por gran parte de los medios de comunicación que promueven la represión y tratan de instalar en la sociedad la idea de que los ocupas son delincuentes. Ante esto denunciamos que muchos periodistas, pagados por el gobierno, son voceros de una política y una mentalidad fascista.
Frente al sufrimiento de tantas familias sin techo exigimos una respuesta urgente. Que se aumente el presupuesto para viviendas, que se dispongan los recursos necesarios para la compra de terrenos, que se planifique una política habitacional. Porque hasta ahora lo único que hizo el gobierno es mandar a reprimir asentamientos atestados de mujeres y niños.
Salta, 27 de mayo de 2020”
