Hoy, la vacunación forzada y obligatoria viola estos principios. Es una violación del artículo 6 de la declaración de la UNESCO 2005 sobre bioética y derechos humanos.
Frente a lo que dice el artículo 6, sección 1: “Cualquier intervención medica preventica, diagnostica y terapéutica, solo debe llevarse a cabo con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada, con base en la información adecuada. El consentimiento debe, cuando corresponda, ser expreso y puede ser retirado por la persona interesada en cualquier momento y por cualquier motivo sin obstáculo o prejuicio.
Además, en ningún caso, un acuerdo comunitario colectivo o el consentimiento de un líder comunitario, debe sustituir el consentimiento informado de un individuo.
Miles de médicos, investigadores y padres de todo el mundo llevan años reclamando estudios clínicos que prueben la seguridad de las vacunas comparando vacunados con no vacunados, algo que aún no se ha producido.
Muchos de ellos denuncian el gran incremento en el número de vacunas que se sumaron a los calendarios a nivel mundial desde que se produjera el blindaje total para la industria farmacéutica en noviembre de 2002 cuando, escondida en una ley de Seguridad Nacional que el presidente estadounidense George Bush presentó al Congreso para su aprobación, se incluyó a última hora una provisión que cerraba una laguna en la ley de 1986.
Esto significa que, hoy por hoy, los fabricantes de vacunas no pueden ser juzgados ni demandados por ninguna clase de daño que puedan causar sus productos ni ninguno de sus ingredientes.
Por último, cabe destacar que la obligatoriedad de la vacunación es anticonstitucional y que además viola los derechos humanos protegidos por varias convenciones internacionales.
