De acuerdo a la documentación que llegó a este medio, aproximadamente hace 10 días, más de 30 internos iniciaron una huelga de hambre pasiva, debido a que las autoridades del Servicio Penitenciario no agilizan los trámites judiciales, y desobedecen las órdenes del Juzgado Federal, el cual impuso el estudio socioambiental de los domicilios donde estos internos podrán gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.
Es importante destacar, que el 99% de los detenidos en esta unidad penitenciaria son ex trabajadores de frontera, que por alguna razón se vieron involucrados en el delito de transporte de estupefacientes.
Ellos no tienen condena alta sólo de 4 a 7 años y el 60% no tiene condena ni fecha de juicio alguno. Una gran variedad, llevan más de 2 años sin fecha de juicio y la mayoría son de la ciudad Norteña de Orán y Tartagal.
Otro dato a destacar es que los internos no están calificados por delitos de homicidio, femicidio o violencia de genero.
