Comunidades originarias y familias criollas se disputan 643 mil hectáreas.
Así surge de acuerdo a un reciente libro electrónico titulado “Patrimonio Lingüístico y Cultural de los Pueblos Originarios de Salta – Manual Digital”, escrito por la antropóloga y docente del IES Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Victoria Casimiro Córdoba.
La autora sostiene que en “Salta las principales problemáticas de los pueblos originarios se vinculan a la tierra, el trabajo y la pobreza, tres eslabones que perpetuán y profundizan condiciones desiguales con respecto a la sociedad mayoritaria. En efecto, varios estudios han mostrado cómo esta desigualdad socioeconómica restringe el acceso a la salud, la justicia y la educación de estos pueblos, desencadenando un conjunto de problemáticas tales como la mortalidad y desnutrición infantil, violencia institucional, sobreedad, repitencia y abandono escolar, discriminación y marginación sistemática (UNICEF, 2009; Buliubasich y González, 2009; Cid, 2011; Ossola 2016)”.
De estas actuales cuestiones de retraso histórico, indudablemente “la situación territorial es la problemática central de las agendas etnopolíticas de los pueblos de la provincia, ya que la consideran transversal a todas las otras”.
Para la investigadora, “El avance del capitalismo agrario, la minería y el negocio inmobiliario en la provincia han devenido en la usurpación de territorios originarios, el violento desalojo de muchas comunidades, el despojo de la tierra y la destrucción del medioambiente. En este contexto las comunidades indígenas se encuentran desprotegidas, ya que su derecho constitucional a la propiedad comunitaria es sistemáticamente vulnerado”.
La Ley Nacional N° 26.160 sancionada en 2006 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas del país y prevee la realización de un relevamiento territorial y la tramitación de los títulos de propiedad comunitaria. Dentro de la provincia, el relevamiento alcanzó hacia 2017, según datos oficiales, a 271 comunidades, aunque se desconoce la cantidad de comunidades que completaron este lento proceso, afectado además por los recortes presupuestarios.
De esta manera, Casimiro Córdoba es contundente y concluye: “El conflicto de tierras más grande de la Argentina, en el que se disputan 643.000 hectáreas, se desarrolla en esta provincia entre comunidades originarias y familias criollas de Santa Victoria Este. En la actualidad el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
