Ya pasaron más de 300 días desde que se sancionó la norma que asegura los recursos para que las casas de estudio puedan funcionar. Sin embargo, el oficialismo continúa dilatando el pago y desobedeciendo tanto al Congreso como a la Justicia.
Un nuevo cuatrimestre se inició en las universidades nacionales del país, pero el gobierno se obstina en desobedecer el mandato del Congreso y de la Justicia. Continúa dilatando el pago de los fondos bajo pretextos que se desvanecen apenas se enuncian, manteniendo un conflicto que ya acumula más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Al persistente rechazo a aplicar la norma se suma la falta de envío de los recursos comprometidos desde junio para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Además, todo el sistema educativo permanece en estado de alerta ante los próximos movimientos del Ejecutivo en relación al proyecto de presupuesto.
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Reclamo central: Exigencia de cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace más de 300 meses/días.
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Impacto institucional: Falta de transferencia de partidas esenciales para hospitales y funcionamiento operativo desde junio.
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Próximos pasos gremiales y estudiantiles: Evaluación de denuncias penales contra funcionarios, profundización de medidas de fuerza y movilizaciones al Congreso de la Nación de cara al debate presupuestario de octubre.
“Estamos evaluando una denuncia penal y si es necesario lo aprobaremos para avanzar en esa línea. En paralelo, con los sindicatos veremos nuevas posibilidades de acción más directa e iremos al Congreso porque en octubre se tratará la Ley de presupuesto”, advirtieron desde el sector universitario.
Mientras tanto, en los pasillos de las distintas casas de altos estudios del país el reclamo se mantiene unívoco, sostenido y visible en carteles y banderas que resumen el descontento de la comunidad educativa: “Milei cumplí la ley”.
