El gobierno de Javier Milei profundiza su influencia sobre el Poder Judicial mediante una serie de nombramientos y modificaciones en los mecanismos de selección de magistrados. Las medidas forman parte de una estrategia oficial para cubrir vacantes en distintos tribunales y acelerar la renovación de cargos clave dentro de la estructura judicial argentina.
En las últimas semanas, el Ejecutivo impulsó cambios en el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos. A través del Decreto 467/2026, el Gobierno eliminó instancias de participación ciudadana que permitían presentar observaciones sobre los candidatos antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado. Además, dejó sin efecto recomendaciones vinculadas a la diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional en las futuras designaciones.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma busca simplificar trámites y agilizar los procesos de selección, evitando superposiciones administrativas. Sin embargo, especialistas en derecho, organizaciones civiles y sectores de la oposición cuestionaron la medida al considerar que reduce los mecanismos de control y transparencia sobre las nominaciones judiciales.
La iniciativa se produce en un contexto de fuerte actividad oficial para cubrir vacantes en la Justicia federal y nacional. Según distintos informes, el Gobierno ya promovió decenas de postulaciones y obtuvo acuerdos parlamentarios para una parte importante de esos cargos.
El debate también se extiende a la Corte Suprema, que continúa funcionando con menos integrantes de los previstos por la ley. La administración libertaria considera prioritario completar los lugares vacantes y avanzar en una estructura judicial alineada con su programa de reformas institucionales.
Mientras el oficialismo defiende los cambios como una modernización del sistema, sus detractores advierten que la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo podría afectar los principios de independencia judicial y participación ciudadana que regían desde principios de los años 2000.
