Con intervención de la fuerza pública, Beatriz Yapura fue obligada a presentarse, aunque la defensa objetó el procedimiento por no poder contar con un perito propio.
La Unidad Fiscal creada para reimpulsar la investigación del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni —las jóvenes francesas asesinadas en Salta en julio de 2011— intentó nuevamente avanzar con la extracción de ADN de Beatriz Yapura, esposa de Clemente Vera. La mujer fue obligada a comparecer mediante el uso de la fuerza pública, pero la medida volvió a quedar postergada.
Aunque intervino un Juzgado de Garantías, los abogados de Yapura objetaron el procedimiento al señalar que no se les permitió designar un perito de parte. Según fuentes vinculadas al caso, no se descarta que en un próximo intento se disponga una extracción compulsiva por orden judicial.
Semanas atrás, a fines de marzo, ya se había buscado que Yapura accediera voluntariamente al estudio, luego de que se trasladaran a Salta muestras genéticas obtenidas en las autopsias y resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, la mujer se negó a someterse al hisopado.
El abogado defensor de Vera, José Vargas, calificó el pedido como “totalmente infundado” y cuestionó que inicialmente se hubiera dispuesto sin la intervención de un juez de Garantías. Además, recordó el extenso proceso judicial que atravesó su defendido, quien permaneció diez años detenido sin pruebas concluyentes.
Vera, jardinero de San Lorenzo, había sido absuelto en el juicio oral de 2014, pero dos años más tarde la Sala III del Tribunal de Impugnación revirtió ese fallo y lo condenó a prisión perpetua. Esa sentencia fue anulada el 11 de diciembre de 2023 por la Corte Suprema, que ordenó su liberación inmediata y cuestionó duramente el accionar de la Justicia salteña.
“Hace casi 15 años, Vera colaboró como guía de la Policía en la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, señaló su abogado, quien también denunció que desde el inicio de la investigación se buscó responsabilizar a un lugareño. Varios efectivos policiales que participaron en la instrucción inicial fueron posteriormente imputados por apremios ilegales y falsas incriminaciones.
Las irregularidades en la investigación quedaron expuestas durante el juicio en el que Vera y Daniel Vilte resultaron absueltos. De ese proceso, solo quedó un condenado: Gustavo Lasi. A más de una década, el caso continúa rodeado de dudas, mientras que los policías involucrados aún esperan un juicio que se ha demorado por múltiples excusaciones judiciales.
En febrero de 2025, el procurador general Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especial integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín. Entre sus objetivos, se encuentra el análisis de perfiles genéticos recuperados de las autopsias, incluidos tres perfiles desconocidos —dos masculinos y uno femenino— que no fueron incorporados oportunamente a la causa.
En paralelo, a fines de 2024, la Sala IV del Tribunal de Impugnación dictó el sobreseimiento definitivo de Vera, al considerar vulnerado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La decisión, ya firme, impide que vuelva a ser acusado por el crimen.
En este contexto, la defensa de Yapura expresó su desconfianza frente a las nuevas citaciones. Vargas recordó que su cliente también accedió en su momento a medidas similares y terminó detenido durante años.
Aunque los detalles de las diligencias se mantienen bajo reserva, trascendió que el objetivo sería comparar el ADN de Yapura con los perfiles genéticos obtenidos en la investigación, tanto masculinos como femeninos.
