Detalles de cómo sigue la causa por la expropiación de la petrolera, una causa por la que Argentina debe pagar más de USD 17.000 millones. Qué se puede esperar de las apelaciones y del fallo final.
Es una causa extensa y enrevesada. Como todo lo que suele ocurrir en tribunales, llena de tecnicismos y gambetas legales por parte de abogados y partes involucradas. Además, será costosa, muy costosa.
No es una causa cualquiera. El juicio por la expropiación de YPF, por el que el estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.100 millones –que por los intereses ya son más de USD 17.500 millones–, es la causa más grande de la historia entre un tribunal de EEUU y un estado soberano, según coincidieron fuentes locales del mundo legal.
Está entre los grandes juicios, superada por el fallo de USD 206.000 millones a un grupo de tabacaleras para resarcir los costos de cobertura médica de enfermedades relacionadas con el tabaco en 46 de los 50 estados de EEUU, en 1998; y por los USD 20.000 millones que un juez federal de Nueva Orleans obligó a pagar a la petrolera británica British Petroleum en compensación por los daños que produjo el derrame, a partir de un incendio, de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México, en 2016.
Esa es la dimensión de este juicio que ya lleva 10 años y que acorrala cada vez más al país hacia un resultado con final adverso. Pero falta aún, y todo podría pasar. Mientras tanto, este Gobierno promete defenderse hasta las últimas instancias, incluso si eso significa acudir otra vez a la Corte Suprema de EEUU (el país ya lo hizo sin éxito en 2018).
Tres carriles
En ese contexto se podría identificar, al menos hasta el momento, tres grandes carriles por los que se cursa este juicio.
1 – La condena en primera instancia
Es la cuestión de “fondo”, la misma que el Estado apeló y de la que no hay demasiadas novedades desde el año pasado.
La apelación se hizo en octubre de 2023 y los escritos se terminaron de presentar en septiembre del año pasado. Desde entonces no ocurrió nada en ese expediente. La Corte podría pedir lo que se denominan “argumentos orales”, pero no está claro que eso suceda.
Allegados a la causa creen que podría haber una decisión en el primer trimestre del año próximo.
En ese fallo de primera instancia, la jueza excluyó a YPF y responsabilizó 100% al Estado de mala praxis expropiatoria. Más allá de que los demandantes quieren volver a incluir a la empresa en la demanda –para cobrar de sus activos, por ejemplo–, las novedades negativas de la causa seguramente tengan algún tipo de impacto en la imagen y los planes de una compañía muy activa, que se revalorizó y que busca capitales y socios en el mundo para explotar y exportar el gas de Vaca Muerta, entre otros negocios.
2 – La entrega de las acciones
Luego de la condena, la jueza pidió una serie de garantías para aceptar la apelación, pero Argentina decidió no poner un solo dólar o activo en ese sentido.
De esa manera, y en paralelo a la apelación de la causa “madre”, surgieron una serie de pedidos de Burford (la ley de EEUU permite que la causa puede avanzar en el tribunal original a pesar de la apelación). Uno de ellos fue exigir que el Estado les traspase el capital accionario para cobrar parte de la deuda. Está claro que Burford no quiere ser dueño de una petrolera y que busca cobrar y generar “ruido” en Argentina.
Hace 15 días Preska dijo que ese pedido era válido y le ordenó al país entregar su mayoría accionaria. Llovieron las apelaciones.
Esta semana, la Corte de Apelaciones suspendió de forma temporal el traspaso para darle más tiempo a las partes a argumentar (Argentina y Burford estuvieron de acuerdo en eso) y en los próximos días –la semana próxima o la siguiente– definirá si suspende esa entrega de acciones de manera indefinida y mientras analiza la apelación. Ese es el fallo importante que viene.
Si ese tribunal decide a favor de Argentina, recién habría una resolución sobre ese tema puntual accionario el año que viene. Más tiempo para el país. Si decide en contra, por su parte, el Estado podría negociar –algo que no pasará, según se explicará más adelante–; o podría entregar las acciones, algo que no parece tener chance de ocurrir; o entrará en desacato. El tribunal de segunda instancia no tiene plazos para fallar, pero en cuestiones administrativas como esta suele hacerlo rápido.
Estar en desacato con una corte de EEUU sería negativo para la estrategia del Gobierno de empezar a emitir deuda en el exterior y pedirle a los inversores extranjeros que pongan los ojos en el país.
“No creo que lleguemos a eso. Estimo que la Corte va a aceptar la apelación para que no se entreguen las acciones, va a poner paños fríos a una causa que se recalentó en las últimas semanas. Estas cortes tratan de que las negociaciones no se rompan”, aseguró Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
En ese contexto, ayer se supo que el Departamento de Justicia de EEUU opinará sobre el caso en los próximos días, para apoyar la postura de Argentina. Ya lo había hecho, sin éxito alguno, el año pasado cuando Joe Biden era presidente. Con todo, es un apoyo que el Gobierno buscaba, así como el de otros países de la región y Europa.
3 – Alter ego
Es otro de los caminos de la causa. Se trata de una medida más que intentó Burford para cobrar o negociar: demostrar que YPF y Argentina son “lo mismo”. Qué el Estado no sólo es el accionista mayoritario de la empresa.
Demostrar eso en una corte es algo muy complicado, pero los demandantes buscan conseguir información en el proceso, lo que se llama discovery, para reclamar que como “son lo mismo” y el Estado perdió el juicio, pueden cobrar de los activos de la empresa. Y de otras que también incluyó en el pedido, como Enarsa.
Ese discovery incluye, por ejemplo, el pedido de información de las empresas, incluso mails entre funcionarios durante un tiempo determinado. Una verdadera caja de Pandora que, seguramente, incomodaría a más de uno. Preska asegura que Argentina traba ese flujo de información y ese tema habría sido parte de la reunión que tuvo con las partes el martes pasado.
La jueza demuestra cierto cansancio con las estrategias del país, a las que define al menos como dilatorias. Puede verse en sus fallos. En uno de sus escritos de estas semanas, dijo que el país asegura que sus decisiones le generan daños irreparables, pero que los daños que alguien se hace a sí mismo no pueden considerarse como irreparables. En otras palabras, que Argentina se queja por “tiros en los pies” que el propio país dispara.
¿Negociación?
“No se negociará, de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales que tengamos”, aseguran en la Casa Rosada. El trabajo de la Procuración del Tesoro, quien lleva la causa junto a los estudios de abogados estadounidenses que contrató, va en ese sentido.
Ayer hubo fuertes novedades vinculadas a la Procuración. Según detalló Infobae, el Gobierno descubrió filtraciones y sospecha de venta de información de empleados del Estado. Luego se anunciaron 60 despidos y una fuerte reestructuración en el organismo que comanda Santiago Castro Videla.
Este caso atravesó los gobiernos de Cistina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, claro, lo que va de la gestión de Javier Milei. Ninguno de los funcionarios de esos gobiernos negoció con Burford. Sí, hubo al menos una reunión oficial por el caso en la Procuración del Tesoro. Fue el 19 de diciembre del 2023, apenas 9 días después de la asunción del nuevo gobierno. Estuvieron presentes enviados de Burford –su coCEO, Jonathan Todd Molot– y funcionarios de la anterior gestión de Procuración, cuando la encabezaba Rodolfo Barra –como el entonces subprocurador, Andrés De la Cruz–, y del ministerio de Economía, como el titular de la secretaria Legal y Administrativa de Luis Caputo, José Ignacio García Hamilton.
Allegados comentan que podría haber existido al menos otro encuentro de ese tenor que no quedó registrado.
Cerca de Burford creen que el Gobierno, en algún momento, deberá entablar algún tipo de negociación. Y no dejan de estar sorprendidos, a pesar de los años transcurridos, de que no se haya hecho antes.
Burford envía señales de que quiere sentarse a la mesa y de que no le interesan las acciones de la empresa, pero no tiene respuesta. Para reforzar esa estrategia designó el año pasado como “negociador” a un argentino, Gerardo “Gerry” Mato, un ex banquero de Wall Street, con aceitados contactos políticos y empresariales, tanto en Nueva York como en Buenos Aires. Mato ahora es CEO de la consultora BluePearl Capital, en la que es socio de Hernán Rissola y Tomás Gaona, otros argentinos que pasaron por el universo bursátil de Nueva York. Mato y Rissola se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en octubre del año pasado, según consta en los registros de audiencias del Gobierno. “Reunión de cortesía”, figura en el libro oficial de visitas.
“La Procuración hace lo que debe, defiende al Estado con las vías disponibles. Lo que pasa es que hasta ahora nos fue mal y multiplicamos el valor de este fallo. Creo que se podría hablar, porque Burford quiere cobrar. ¿Cuánto y de qué manera? Habría que escucharlos, al menos. No digo sentarse a negociar, hablar”, dijo Maril, en diálogo con este medio.
– ¿Hacerlo puede generar algún perjuicio para la causa o los funcionarios que lo hagan?
– En un país con un Congreso con personajes bastante cuestionables, podría ser que una reunión de ese tipo lleve a un juicio político. El Congreso aprobó leyes para expropiar YPF y para pagarles a los fondos buitre. Si existen impedimentos, saquemos una ley que permita esos encuentros ahora y no cuando, dentro de dos años, la Corte Suprema de EEUU diga que no opinará sobre el caso y ya no haya nada que hacer salvo pagar.
