El responsable de la Sede Descentralizada de Tartagal, Marcos César Romero, formalizó el viernes pasado ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la imputación contra tres oficiales de la Policía de la Provincia de Salta por el delito de transporte de estupefacientes doblemente agravado por el número de intervinientes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de delitos. Además, en línea con el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso la prisión preventiva de los tres efectivos que prestaban funciones en la Comisaría N°26.
De acuerdo con la acusación, en la medianoche del jueves, el suboficial principal Javier Granero, la cabo Mercedes Maraz y la agente Rocío Vera circulaban en un Renault Logan. Al llegar al puesto de control “28 de Julio”, cerca de la ciudad salteña de Orán, personal de la Gendarmería Nacional le solicitó la documentación del automóvil y luego les pidió que abrieran el baúl. Allí observaron una bolsa de arpillera que les llamó la atención.
Tras consultar con el auxiliar fiscal José Rafael Lamas, y ante la presencia de testigos, se requisó la bolsa, en cuyo fondo, debajo de ropa de vestir, se encontraron diez paquetes amorfos con sustancia vegetal disecada, que resultó ser 19 kilogramos de marihuana, valuados en más de 5 millones de pesos.
En la audiencia del viernes el fiscal Romero resaltó las pruebas documentales reunidas, las cuales consideró suficientes para sustentar la imputación penal propuesta, como también el pedido de prisión preventiva de los acusados, dada la naturaleza y gravedad del hecho. También, se refirió al riesgo de fuga de las personas imputadas, dada la proximidad con la frontera y la facilidad de los policías -por su conocimiento de la zona y las funciones que desarrollaban- para acceder al Estado Plurinacional de Bolivia a través de pasos no habilitados.
Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó el riesgo de que los policías entorpezcan la investigación, ya que existen diligencias en trámite, que podrían frustrarse por la libertad de los acusados, quienes podrían influir en posibles testigos.
La fiscalía también se refirió a que, en función de la calificación legal, la pena que podrían recibir no es de ejecución condicional y que, si bien la investigación se encuentra en un estado incipiente, no puede descartarse la posible participación de otros implicados.
Ante estos planteos, las dos mujeres policías -asistidas por sus defensores- trataron de explicar lo sucedido y así deslindar su responsabilidad, mientras que el oficial se abstuvo de declarar. En cuanto a las medidas de coerción requeridas por el fiscal Romero, las defensas sólo presentaron objeciones respecto a la cabo y a la agente, ya que ambas tienen hijos menores a cargo, por lo que pidieron que la prisión preventiva fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
