Tras la declaración de emergencia agropecuaria en Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, el Gobierno provincial busca el reconocimiento nacional para acceder a beneficios. Los productores advierten que las pérdidas podrían comprometer la próxima cosecha y reclaman facilidades para afrontar créditos e impuestos.
Las heladas tardías que afectaron a los Valles Calchaquíes encendieron la preocupación en el sector agropecuario salteño. Luego de declarar la emergencia agropecuaria en cuatro departamentos, el Gobierno de Salta espera una respuesta de Nación para conseguir medidas que permitan aliviar la situación económica de los productores afectados.
La medida fue establecida mediante el decreto provincial 705, firmado el 26 de octubre y publicado en el Boletín Oficial el 29 de octubre. Comprende a productores vitivinícolas y frutihortícolas de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, por el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2028.
El objetivo de la Provincia es obtener el reconocimiento del Gobierno nacional y ampliar los beneficios contemplados en el régimen de emergencia agropecuaria. Sin embargo, desde el propio Ejecutivo salteño reconocieron que no existen expectativas de recibir subsidios o asistencia económica directa.
El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, explicó que se continuará trabajando con las autoridades nacionales para conseguir herramientas adicionales que permitan acompañar a los productores.
Pérdidas que comprometen la próxima cosecha
El impacto de las heladas todavía se encuentra en evaluación. Los primeros relevamientos, realizados con participación del INTA y el SENASA, detectaron daños importantes en las plantaciones. No obstante, la dimensión definitiva de las pérdidas se conocerá durante la cosecha, cuando pueda determinarse si las plantas logran recuperarse y alcanzar niveles de producción suficientes.
Uno de los casos más preocupantes es el del productor vitivinícola de Cafayate Miguel Ángel Lovaglio, quien informó que en sus cultivos los daños preliminares rondan el 90%.
El productor advirtió que la falta de cosecha puede poner en riesgo la continuidad de la actividad y reclamó medidas concretas para sostener las unidades productivas durante los próximos meses.
Entre los principales pedidos figuran la prórroga de vencimientos impositivos ante ARCA y Rentas de la Provincia, además de una extensión de los plazos de los créditos contraídos en el Banco Nación para financiar la campaña anterior.
El sector sostiene que necesita un alivio financiero que le permita afrontar los compromisos pendientes, mantener los puestos de trabajo y contar con recursos para iniciar una nueva campaña.
Cómo acceder a los beneficios de la emergencia
Los productores cuyos cultivos hayan sufrido daños superiores al 50% deberán presentar una declaración jurada dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
La documentación permitirá que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario verifique los perjuicios y emita las certificaciones correspondientes para acceder a los beneficios establecidos por la normativa provincial.
La emergencia contempla tanto a la actividad vitivinícola como a la frutihortícola de los departamentos alcanzados.
Mientras avanzan las gestiones ante el Gobierno nacional, los productores esperan que la declaración de emergencia se traduzca en medidas efectivas. La preocupación no se limita a las pérdidas de la temporada actual: también está en juego la continuidad de las explotaciones, el empleo rural y la posibilidad de sostener la próxima cosecha.
