La Casa Rosada prevé llevar ambas iniciativas al recinto mientras mantiene frenada la reforma política hasta cerrar un acuerdo con los gobernadores. El oficialismo empezó además a definir qué proyectos quedarán afuera de la agenda legislativa antes de diciembre.
El Gobierno busca reactivar la actividad del Senado durante octubre con dos proyectos que considera en condiciones de avanzar: la nueva Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En la Casa Rosada reconocen que buena parte de la agenda de la Cámara alta continúa trabada y descartan convocar por ahora a una nueva reunión de comisión por la reforma política.
La decisión supone separar la discusión electoral del resto de los proyectos pendientes. En el oficialismo no quieren volver a reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta tener cerrado un entendimiento que permita avanzar con los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de esa negociación con gobernadores y bloques aliados.
El objetivo político sigue siendo aprobar la reforma antes de que termine el año, pero el cronograma de octubre ya no depende de ese expediente. En Nación creen que Salud Mental y el PCT tienen mayores posibilidades de llegar al recinto mientras continúan las conversaciones sobre las PASO, la Boleta Única y el resto de los cambios electorales.
El tratado de patentes es el proyecto que tiene el recorrido parlamentario más avanzado. Diputados aprobó en agosto la adhesión al PCT por 147 votos contra 93, pero incorporó una reserva sobre el Capítulo II y, por esa modificación, el expediente debe volver al Senado para completar su sanción.
El PCT permite presentar una solicitud internacional de patente que luego puede continuar su trámite en los países elegidos por el solicitante, sin reemplazar la decisión de cada oficina nacional sobre si corresponde conceder el derecho. La Argentina firmó el tratado en 1970, pero nunca completó el proceso interno de ratificación.
La modificación incorporada en Diputados excluye el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional, una herramienta optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre aspectos como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La reserva fue reclamada durante la negociación por sectores de la industria farmacéutica nacional.
El Gobierno considera prioritario cerrar ese trámite porque la adhesión al PCT también forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. El Ejecutivo prepara además el envío de otros seis tratados internacionales sobre patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.
El otro proyecto que la Casa Rosada busca llevar al recinto es la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa fue enviada al Senado durante el primer semestre y atravesó una extensa etapa de audiencias y negociaciones después de que aparecieran diferencias entre especialistas, provincias y bloques legislativos sobre el régimen de internaciones.
La versión que viene trabajando el oficialismo modifica las condiciones para las internaciones involuntarias, incorpora precisiones sobre situaciones de riesgo y refuerza la intervención profesional y judicial. También incluye reglas sobre duración de las internaciones, planes de egreso, tratamiento de adicciones, teleconsultas y directivas anticipadas.
Entre los cambios analizados aparece que la internación involuntaria requiera una evaluación de dos profesionales, al menos uno de ellos médico, y que la intervención psiquiátrica pueda completarse de manera excepcional dentro de un plazo posterior cuando no exista disponibilidad inmediata. El texto también busca fijar controles periódicos y evitar internaciones crónicas sin revisión.
El proyecto mantiene al mismo tiempo la orientación de sustituir los establecimientos monovalentes por una red de atención integrada, pero busca ampliar las herramientas para intervenir en casos complejos. La redacción fue revisada durante los últimos meses y en el Senado todavía deben terminar de ordenarse los apoyos necesarios para llevarla al recinto.
La decisión de priorizar esos dos expedientes deja nuevamente en espera a otros proyectos que el Ejecutivo había colocado en la agenda de la Cámara alta. Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y los cambios en Etiquetado Frontal continúan trabados y por ahora no tienen una fecha definida de votación.
El Super-RIGI sigue atravesado por diferencias sobre las condiciones para las grandes inversiones y el tratamiento de los proveedores locales. La reforma de Sociedades también recibió pedidos de modificación en el Senado, especialmente sobre las responsabilidades de las personas humanas detrás de sociedades automatizadas y estructuras basadas en contratos inteligentes.
La Casa Rosada comenzó por eso una etapa de definición sobre qué iniciativas intentará sancionar antes de diciembre y cuáles quedarán postergadas. La prioridad de cierre sigue puesta en el Presupuesto 2027 y la reforma política. En el Gobierno proyectan que Diputados vote el Presupuesto recién durante noviembre, lo que comprimirá los tiempos del Senado hacia el final del período ordinario.
El escenario de máxima es terminar diciembre con el Presupuesto y la reforma política aprobados, además de los proyectos que puedan destrabarse durante octubre. Hasta entonces, Santilli seguirá negociando con los gobernadores los votos para las modificaciones electorales y el oficialismo evitará volver a comisión sin un acuerdo previo. Una vez definido ese esquema, la Casa Rosada pretende avanzar distrito por distrito con los entendimientos políticos y electorales para 2027.
