La Justicia dispuso una restricción de acercamiento contra el adolescente acusado. Para evitar que se crucen, el colegio reorganizó la cursada y estableció que la denunciante asista acompañada por un adulto.
Una estudiante menor de edad de un colegio del barrio Santa Mónica, en Mar del Plata, hizo una denuncia por abuso sexual contra un compañero de la misma institución.
La Justicia ordenó una restricción de acercamiento, pero la escuela reorganizó los horarios, le pidió cursar parte de las materias de manera remota y dispuso que, si asiste, lo haga acompañada por un adulto.
Según la denuncia presentada en la comisaría correspondiente y radicada luego en la Justicia, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente cinco meses en el interior del establecimiento. Allí se relató que el adolescente arrinconó a su compañera y la manoseó. En el mismo escrito, la familia indicó que ese episodio se habría sumado a una serie de acosos que el menor venía perpetrando contra la víctima.
La denuncia sostiene que ambos habían mantenido una relación de noviazgo el año pasado y que, una vez interrumpida, el joven habría comenzado a hostigarla. Entre las situaciones descritas figuran un episodio en el que la persiguió por la escuela con un preservativo usado y distintos acosos a través de las redes sociales.
La Justicia dio lugar a la restricción de acercamiento solicitada y ordenó el impedimento de contacto. Al menor denunciado se le notificó que “deberá abstenerse de todo acto de perturbación o intimidación contra la denunciante, y demás integrantes de su grupo familiar, en sus tareas normales, laborales, educativas y/o de esparcimiento”.
A partir de esa medida, la escuela organizó los horarios de ambos estudiantes para que no se crucen. Sin embargo, la dirección instó a la adolescente a cursar algunas materias de manera remota, lo que en la práctica le impide asistir con normalidad. También dispuso que, cada vez que concurra al establecimiento, lo haga acompañada por un adulto.
Desde la dirección del colegio fundamentaron la decisión en la medida cautelar impuesta, la infraestructura con la que cuentan y el derecho al acceso a la educación equitativo para ambos estudiantes.
La familia de la víctima cuestionó el efecto concreto de esa organización. Según relataron, la adolescente se pregunta: “¿Qué hice mal yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela?”.
