El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, formalizará esta semana un pedido ante la Fiscalía Federal de Orán para que se ordene un control exhaustivo a las unidades de la empresa de transporte San Antonio. La medida surge tras detectarse que los colectivos de la firma eluden los chequeos en el puesto “28 de Julio” de Gendarmería Nacional, un punto estratégico sobre la ruta nacional 50 y eje del Plan Güemes contra el narcotráfico y el contrabando.
Según denunció el funcionario, existe un tratamiento desigual entre los distintos medios de transporte que conectan la frontera con San Ramón de la Nueva Orán. Mientras los remises, taxis y unidades de carga son obligados a bajar la mercadería proveniente de Bolivia para someterla a los escáneres, los ómnibus de pasajeros transitan sin ser abordados ni requisados.
Dudas sobre el Plan Güemes y deudas municipales
Zigarán alertó sobre la vulnerabilidad que genera esta falta de fiscalización en la zona de frontera:
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Riesgo de tráfico ilegal: Al no revisar las bodegas ni a la ida ni a la vuelta, las unidades podrían trasladar precursores químicos hacia la frontera o ingresar sustancias prohibidas y contrabando sin ser detectados.
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Extensión del recorrido: La empresa opera también la línea Salvador Mazza-Orán, lo que amplía la preocupación sobre el alcance de estas irregularidades en el departamento San Martín.
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Deuda millonaria: El interventor señaló que la empresa San Antonio debe cerca de 60 millones de pesos al municipio de Aguas Blancas por tasas de actividades comerciales acumuladas en dos años.
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Cobros irregulares: Pese a declarar ante el municipio que trasladan un promedio de solo tres pasajeros por viaje, las unidades circulan completas y se cobra cerca de $20.000 por cada bulto transportado.
Registros de contrabando
A la falta de inspección en los puestos de ruta se suman registros visuales previos en la finca Karina —propiedad cuyo dueño fue detenido recientemente—, donde se observó el traslado de bultos y neumáticos de gran tamaño desde los gomones del río Bermejo directamente hacia las bodegas de los colectivos de la empresa.
Frente a este escenario, la intervención municipal solicitará la intervención directa de la Justicia Federal para determinar si la omisión de controles sobre esta empresa constituye una facilitación del delito en pleno corredor fronterizo.
