Se oficializó la ley que otorga 9 hectáreas en comodato por 25 años al Tigres Rugby Club sobre tierras reclamadas por la Comunidad Lule de Finca Las Costas. El senador provincial Walter Cruz criticó duramente la medida.
22 de julio de 2026 — Por Laura Urbano (Salta/12)
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 8543, que autoriza al Gobierno de la provincia de Salta a entregar un terreno de 9 hectáreas en comodato por 25 años al Tigres Rugby Club, se reinstaló la polémica por los derechos territoriales de los pueblos originarios en la zona de Finca Las Costas.
El senador provincial por el departamento de Iruya, Walter Cruz, se pronunció de manera contundente respecto a la medida aprobada por la Legislatura salteña:
“Para mí ha sido un despojo. No tiene nada de inclusión social aquí”, afirmó el legislador en referencia a la norma que cede el inmueble para la ampliación de las instalaciones de la entidad deportiva.
Un trámite exprés y protestas en la puerta del Congreso provincial
El predio otorgado forma parte del territorio ancestral que reivindica la comunidad indígena del Pueblo Lule. Las acciones de protesta por parte de las comunidades originarias se habían intensificado desde febrero, cuando el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados de forma acelerada.
Pese a los compromisos de consulta expresados inicialmente en la Cámara Alta, el Senado salteño aprobó la iniciativa sobre tablas en una sesión de apenas 40 minutos. Durante esa jornada, miembros de la Comunidad Lule y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Legislatura e intentaron frenar la sanción de la ley, lo que derivó en un importante despliegue policial alrededor del recinto.
La resistencia de las comunidades
Desde la sanción y posterior promulgación de la norma, los referentes del Pueblo Lule han sostenido diversas medidas de visibilización e instaron sin éxito al Ejecutivo provincial a ejercer el veto.
Con la ley ya en vigencia, las comunidades indígenas remarcan que continuarán la defensa de sus tierras frente a lo que consideran una violación sistemática de los derechos sobre el territorio comunitario.
