Los siete diputados nacionales que representan a Salta acompañaron este miércoles dos de las iniciativas más importantes impulsadas por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados: la aprobación del pago a los últimos fondos buitre que mantenían litigios contra la Argentina y la media sanción del denominado Súper RIGI, un régimen que amplía los beneficios para grandes inversiones privadas.
La coincidencia total de la delegación salteña volvió a poner de manifiesto la sintonía política que mantiene la provincia con el oficialismo nacional en votaciones consideradas estratégicas para la Casa Rosada. Los legisladores respaldaron el desembolso de 171 millones de dólares destinado a cerrar los litigios pendientes con acreedores internacionales vinculados al default argentino, una iniciativa defendida por el Gobierno como una medida necesaria para mejorar el acceso al financiamiento externo.
En la misma sesión, los representantes salteños también apoyaron el proyecto conocido como Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para empresas que desarrollen proyectos de gran escala en sectores estratégicos de la economía. La iniciativa obtuvo media sanción tras un extenso debate parlamentario.
La jornada legislativa estuvo atravesada además por discusiones vinculadas al rol del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, en ese punto no hubo una postura uniforme entre los representantes salteños, que mostraron diferencias respecto de los planteos impulsados por sectores de la oposición para avanzar con mecanismos de control parlamentario sobre el funcionario.
El resultado de la votación refuerza la percepción de una relación cada vez más cercana entre la dirigencia política salteña y el gobierno libertario, especialmente en temas económicos y de política institucional. Durante el último año, los legisladores de la provincia han acompañado buena parte de los proyectos promovidos por el oficialismo, consolidando un esquema de apoyo que se refleja de manera recurrente en el Congreso Nacional.
Mientras el Gobierno celebra la aprobación de ambas iniciativas como un paso clave para atraer inversiones y normalizar compromisos financieros pendientes, sectores opositores cuestionan el impacto que estas medidas podrían tener sobre la soberanía económica y la capacidad regulatoria del Estado. El debate promete continuar en las próximas etapas legislativas, donde los proyectos deberán enfrentar nuevas discusiones antes de quedar definitivamente convertidos en ley.
