La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un nuevo revés al gobierno de Javier Milei al dejar firme la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer los programas de becas estudiantiles. La decisión mantiene vigente una resolución judicial que el Ejecutivo había intentado revertir mediante distintas apelaciones.
El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por el Gobierno al considerar que no existía una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, por lo que la cautelar continuará vigente mientras avanza el proceso judicial. De esta manera, el Estado nacional deberá cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial y la recomposición de las becas universitarias.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades públicas, que denunciaron el incumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso. Los demandantes sostuvieron que el Gobierno se negó a aplicar la ley pese a que el veto presidencial había sido rechazado por ambas cámaras legislativas.
La disputa judicial se originó luego de que el Poder Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley argumentando que no estaban definidas las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar las erogaciones previstas. Sin embargo, tanto la Justicia de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideraron que la norma debía cumplirse de manera inmediata.
Los artículos en cuestión contemplan la recomposición de los salarios universitarios desde diciembre de 2023 y la actualización de los programas de asistencia destinados a estudiantes, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo de docentes y trabajadores del sector.
La decisión de la Corte llega pocas semanas después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo parcial con universidades y gremios para otorgar incrementos salariales y ampliar algunas partidas presupuestarias. No obstante, las autoridades universitarias mantuvieron la demanda judicial al considerar que esos aumentos no reemplazan el cumplimiento integral de la ley aprobada por el Congreso.
Desde el ámbito universitario celebraron la resolución judicial y señalaron que fortalece el reclamo por un financiamiento acorde a las necesidades del sistema público de educación superior. Mientras tanto, el conflicto de fondo continúa abierto y deberá resolverse en futuras instancias judiciales, donde se determinará definitivamente la validez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para suspender la aplicación de la norma.
