La Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con dos fondos acreedores que mantenían reclamos contra Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y debía ser aprobada antes del 30 de junio, fecha límite establecida para concretar el entendimiento.
Según los términos del acuerdo, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund. El pago busca cerrar litigios vinculados al default de 2001 que permanecían abiertos desde hace más de dos décadas.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno nacional con el argumento de que permitirá poner fin a reclamos judiciales pendientes y evitar mayores costos derivados de los procesos en curso. Desde sectores opositores, en cambio, cuestionaron la decisión por considerar que representa una nueva transferencia de recursos públicos a fondos especulativos que adquirieron deuda en situación de default.
Los llamados “fondos buitre” son inversores que compran deuda de países en crisis a precios reducidos y posteriormente reclaman judicialmente el cobro total de esos títulos. Argentina mantuvo numerosos litigios de este tipo tras la cesación de pagos declarada en 2001.
Con la sanción de la ley, el Ejecutivo queda habilitado para avanzar con el desembolso acordado y cerrar uno de los últimos frentes judiciales vinculados a la reestructuración de la deuda soberana argentina.
