La detención de un joven campesino en la provincia de Jujuy generó fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y campesinas, que denunciaron una persecución judicial y política contra integrantes de comunidades rurales en conflicto por la tierra. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal por orden del juez federal Ariel Lijo.
El detenido fue identificado como Franco Matías Javier Oscari, residente del paraje Las Goteras, en el departamento Santa Bárbara. Según trascendió, la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la senadora nacional Patricia Bullrich y derivó en un operativo realizado durante la madrugada del martes.
De acuerdo con organizaciones del Movimiento Nacional Campesino-Indígena, la detención ocurrió apenas un día después de que comunidades campesinas obtuvieran un fallo judicial favorable en una disputa territorial, circunstancia que alimentó las sospechas de una posible represalia. Los referentes del sector sostienen que el joven no fue informado claramente sobre los motivos de su arresto al momento del procedimiento.
Diversas organizaciones sociales, campesinas e indígenas expresaron su repudio al operativo y reclamaron la inmediata liberación del trabajador rural. Además, advirtieron sobre un uso desproporcionado de herramientas judiciales y policiales contra sectores que mantienen conflictos vinculados al acceso y la defensa de la tierra.
Mientras la investigación continúa en la Justicia Federal, el caso reavivó el debate sobre la criminalización de la protesta social y los conflictos territoriales en el norte argentino, en un contexto de creciente tensión entre organizaciones rurales y el Gobierno nacional.
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