Hay una propuesta de nuevo dueño y continuidad laboral, pero el gremio Atilra no da el aval legal. El ministerio de Trabajo de Santa Fe gestiona una audiencia de conciliación sobre cuestiones salariales.
La continuidad laboral de una fábrica láctea con 82 empleados (77 operarios de planta y 5 administrativos) se jugaría este martes, en una audiencia de conciliación gestionada por el ministerio de Trabajo de Santa Fe, tras el acuerdo del precio de venta entre vendedores y compradores, al que solo le faltaría el aval del sindicato ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina).
Se trata de Sudamericana de Lácteos, ubicada en la localidad de Díaz (2200 habitantes, a 80 kilómetros al norte de Rosario, especializada en quesos, para el mercado argentino y para exportar, que funcionó regularmente hasta principios de año, pero desde hace 4 meses está paralizada, sin percepción de salarios por parte del personal.
Los actuales dueños de la empresa, que también son propietarios de Lácteos Servio, con base en Villa María, compraron la empresa en mayo de 2025, pero no lograron gestionarla “a distancia” y acumularon deudas que hoy se estiman en el equivalente a dos meses de facturación.
El empresario agroindustrial Pablo Gonzalez, de 52 años, que nació en Pergamino, vive en Rosario y tiene una aceitera de girasol en Serodino, a pocos kilómetros de la planta láctea, se interesó en la posibilidad de hacerse cargo, a partir de comentarios de tamberos que el compran el expeller de girasol.
En marzo habló con los dueños en Villa María, luego visitó las instalaciones de Díaz y, entre muchas reuniones con todos los involucrados, analizó las cuentas administrativas hasta que se convenció de que es posible reactivar esta fábrica.
Su plan es hacer foco inicialmente en queso barra, tanto para el mercado interno como externo, para después ampliar la producción con otro tipo de quesos.
Cuando todo parecía encaminado, el proceso se frenó por los reparos sindicales, que plantearon condiciones que Gonzalez considera son “palos en la rueda” para poner en marcha nuevamente la empresa.
La discusión parece centrada en torno a la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744, que habilita pagar hasta el 75% del salario a los trabajadores, junto a la obra social, y permite postergar el pago de los aportes patronales por tres meses. Es el plazo que pide Gonzalez para salir de la crisis y reactivar la producción. Asegura que este mecanismo “se está implementando en otras 3000 empresas”
En la negociación participa el ministerio de Trabajo de Santa Fe, que ya ha tenido gestiones positivas, desde el caso Vicentin hasta otras menos rutilantes. El gremio primero rechazó la recontratación de los empleados como cooperativa de trabajo y luego llegó a un entendimiento para la cesantía inicial de unas 20 personas, que luego se recontratarían a medida que la planta recupere volumen.
“La planta puede procesar cinco millones de litros al mes, para la generación de queso barra. Apuntamos a un inicio con monoproducto, para hacer más rentable la salida”, explica Gonzalez, ingeniero químico, con trayectoria en otras agroindustrias y profesor del Instituto Politécnico y de la Universidad Tecnológica Nacional. Pide “tres meses de reacomodamiento para poder arrancar, desde el lógico ritmo primero a media máquina, tanto con el funcionamiento de la línea de producción, como también de la estructura administrativa y comercial”.
Gonzalez está dispuesto a pagar las deudas (con los trabajadores, tamberos proveedores y prestadores de servicios) y empezar a cubrir el 100% de los salarios, a pesar de los que se suele contemplar por el artículo 223 bis de acordar un 75%, pero desde Atilra exigen más garantías que las que ofrece el ministerio de Trabajo Santafesino.
Posición sindical
El sindicato no pondría reparos sobre eventuales despidos (con las debidas indemnizaciones) pero reclama que los operarios deben registrarse bajo el “convenio lácteo”, y que el empresario que compraría explicite “cómo va a pagar lo atrasado y lo que siga”, con “avales bancarios o seguros de caución que garanticen el cobro de los operarios”. Enfatizan que “la deuda la deben solucionar con los actuales dueños, no con los trabajadores”.
El eje argumental de Nicolás Garnero, secretario de la seccional Galvez de Atilra, es que “así como el comprador quiere asegurarse la empresa, los trabajadores queremos garantías. El artículo 223 bis autoriza a no pagar las cargas sociales y un 75% del suelo en los casos que los trabajadores estén suspendidos por falta de trabajo, pero en este caso se trataría de gente trabajando sobre las cuales el comprador se ahorraría las cargas sociales, con la promesa de un pago a futuro incierto”.
Y se pregunta “¿qué pasa si un trabajador tiene un accidente dentro de la empresa? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Cómo se va a hacer responsable la ART si para el sistema estás suspendido?. Lo mismo si después no funciona y no paga. Por eso creemos que hacer esto es un fraude laboral”.
Argumentos del empresario
Gonzalez subraya que “es una situación crítica, que el tiempo juega no precisamente a favor, no es un debate intelectual ni una medición de poder. Ofrezco soluciones reales, crudas, pero practicables. No soluciones ideales o idealistas con resultados imposibles e improbables”.
En ese sentido invita a “bajar al llano, a la realidad, dura y pura, ser coherentes, sensatos, prácticos e inteligentes. Repensar la gestión de entendimiento para la resolución de “conflictos” de intereses, asumiendo primeramente la realidad. Insisto, la realidad, local, regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta la complejidad en todos estos niveles, y el inobjetable cambio de orden, a nivel mundial, no sólo político, sino económico, social y sobre todo de valores”.
Pide al gremio “dejar de lado, de una buena vez, la soberbia, arrogancia, hipocresía y mezquindades inconducentes y claramente perjudiciales para los intereses teóricamente defendidos. Para esto es necesario cambiar los lentes de sol, habano y whisky por anteojos de leer, lapicera, calculadora, sobre todo el mate. Bajarse del atril de cartón para tocar el frío y crudo barro de la realidad de las personas sin privilegios”.
Les reclamo “entender que la naturaleza humana conlleva contradicciones, cómo a veces, sin intención aparente, anteponer intereses personales o sectoriales antes que el beneficio general, llevando esta situación a arrogarse la atribución de distribuir privilegios según afinidad político sindical”.
Y concluye que su “posición es clara, comprometida, pero no deja de ser una elección. Los límites están a la vista. Muy claros. Mis límites también junto con la decisión de proseguir intentando avanzar. Insto a no desaprovechar una oportunidad única de encontrar soluciones heterodoxas que quizás puedan ayudar a destrabar otros tantos conflictos de las más variadas índoles. Ser parte de la solución, no del problema, elegir sabiamente de qué lado de la mecha estar, porque lamentablemente hay una mecha encendida”.
De cara al futuro, en alusión a los empleos en juego, argumenta que “existen actores en esta situación que lamentablemente no pueden decidir si seguir o parar. Son rehenes de la misma”.
Y promete que más allá de la planta láctea, haría “aportes en infraestructura energética con beneficios comunales”, y ampliaría las “inversiones con una planta de energía solar”, aledaña a la planta láctea si concreta el acuerdo de compra.
