El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva controversia luego de conocerse que él y su esposa solicitaron incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias, conocido públicamente como “inocencia fiscal”, una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para regularizar situaciones patrimoniales sin necesidad de justificar incrementos de patrimonio ocurridos durante el período fiscal correspondiente.
La información generó cuestionamientos debido a que la adhesión se produjo en medio de las discusiones públicas sobre la evolución patrimonial del funcionario y antes de la presentación de su declaración jurada. Diversos sectores de la oposición sostienen que el mecanismo podría dificultar el análisis de la procedencia de determinados bienes o consumos, mientras que desde el oficialismo defienden la medida como una herramienta destinada a simplificar la relación de los contribuyentes con el sistema tributario.
El régimen forma parte de la Ley 27.799 y establece que quienes adhieran tributarán en función de sus ingresos declarados, sin que las variaciones patrimoniales sean el eje principal para la determinación del impuesto. Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la presión fiscal y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
La decisión de Adorni reavivó el debate político sobre los alcances de la normativa y el uso que pueden hacer de ella los funcionarios públicos. Referentes opositores reclamaron mayores explicaciones sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y advirtieron sobre la necesidad de garantizar mecanismos de transparencia en la función pública.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como mediático, en un contexto donde la transparencia patrimonial de los funcionarios vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
