El caso por maltrato animal se dio a conocer este fin de semana luego de que los acusados difundieran el video en las redes sociales. Uno de ellos ya fue suspendido por la UTN y enfrentará un juicio académico.
Luego de que abrieran una causa por maltrato animal en contra de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes de 18 años acusados de matar a patadas a una nutria en la vía pública y filmarlo, el personal de la División Ecológica de la Policía Bonaerense realizó hoy cuatro allanamientos.
Los operativos tuvieron lugar en dos domicilios de Bahía Blanca y otros dos en Huanguelén, debido a que se conoció que los acusados son oriundos de la segunda localidad mencionada, pero se habían mudado para poder estudiar en la ciudad. En este sentido, ambas viviendas están vinculadas a los imputados en la causa.
Según se informó, los allanamientos fueron solicitados por la fiscal Marina Lara y autorizados por el juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi. En este sentido, los lugares específicos allanados fueron Zelarrayán al 800 y Mitre al 900 en Bahía Blanca, y otros dos donde viviría la familia de Bravo y Santerre.
Durante los procedimientos, que contaron con la colaboración de la comisaría Segunda y la seccional de Huanguelén, se secuestraron teléfonos celulares de los acusados. De acuerdo con la información obtenida por La Nueva, un investigador confirmó que el decomiso de estos dispositivos estaba contemplado en la orden judicial.
La División Ecológica fue la dependencia encargada de iniciar la investigación y de instruir las actuaciones junto con la Fiscalía. El hecho adquirió notoriedad local, regional y nacional tras ser denunciado por vecinos y entidades proteccionistas que vieron el video publicado por los propios jóvenes en las redes sociales.
La difusión de las imágenes generó reacciones en distintos ámbitos, incluyendo declaraciones y pronunciamientos de la Municipalidad, el Concejo Deliberante y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde uno de los implicados cursa estudios.
De hecho, este mismo martes el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB) resolvió la suspensión preventiva y el inicio de un pedido de juicio académico contra Bravo, quien es estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación.
La decisión institucional se basó en la existencia de material audiovisual que mostró la realización de actos de violencia y maltrato animal, que derivaron en la muerte de un coipo (nutria criolla). Según la UTN-FRBB, los hechos, ocurridos en calle Paraguay al 500, demostraron la intencionalidad y autoría del estudiante, motivo por el cual la Fiscalía inició actuaciones de oficio.
Bajo el punto de vista de las autoridades universitarias, la conducta de Bravo fue “repudiable, impropia de un estudiante universitario”. Además, subrayaron que “ha causado la indignación de toda la comunidad en general y en particular de los y las estudiantes de la carrera”.
Según la resolución, este comportamiento “se encuentra reñido con la ética, la conducta civilizada y amigable con los animales, y por tanto debe ser pasible de una sanción”. En línea con esto, remarcaron que la casa de altos estudios adhiere al desarrollo sostenible y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en acciones vinculadas al cuidado y bienestar animal, en línea con la Agenda 2030 de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Así, la universidad recordó que los hechos encuadran en el Reglamento de Disciplina, el cual prevé sanciones para estudiantes que participen en actos contrarios a la dignidad o ética universitaria. Por esto, la institución enfatizó que, debido a la notoriedad de los hechos, “no requiere de información sumaria previa” para avanzar en la investigación y sanción.
El caso
Todo se dio a conocer el sábado 6 de junio, cuando Bravo fue filmado mientras acorralaba y golpeaba al coipo sobre la vereda de la calle Paraguay al 500. En ese momento, Santerre fue señalada como la persona encargada de grabar el episodio con su propio teléfono móvil.
El animal agredido era de color marrón y medía aproximadamente 60 centímetros. Según informó La Brújula 24, el personal de Zoonosis municipal había intentado rescatarlo días antes, sin éxito. Durante el video, se escucha a uno de los implicados decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos discutían si el animal era una nutria o un carpincho.
El caso fue reportado a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de redes sociales, cuando una usuaria etiquetó a la organización para difundir el material. Morena Loncaric, presidenta de la institución, relató que tomó conocimiento del hecho la mañana del sábado y decidió recabar información para formalizar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.
“El video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, expresó Loncaric. Al trascender el video, los usuarios en redes sociales comenzaron a solicitar datos personales y direcciones de los jóvenes involucrados.
Ante la escalada, la titular de la Fundación Grupo Alianza Animal actuó con premura para evitar que la situación excediera el ámbito judicial y precisó que toda la información fuera entregada únicamente a la Policía. Posteriormente, ambos jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales.
Por este motivo, las autoridades solicitaron la colaboración de testigos presenciales, considerando sus declaraciones relevantes para la investigación judicial. Desde la organización animalista afirmaron: “Hubo más personas involucradas y/o testigos de este hecho; ahora corresponde que la Justicia investigue y determine las responsabilidades”.
Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca informó oficialmente que se presentará como particular damnificado en la causa y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido para impulsar la investigación. “La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, apuntaron al señalar que hechos de tal gravedad “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.
En Argentina, el maltrato animal constituye un delito penal según la Ley N° 14.346, que establece sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.
