Denuncian a Alba Quintar por presunto uso de contratos de Diputados para financiar su campaña

Dos mujeres denunciaron públicamente a la funcionaria salteña Alba Quintar por presuntas irregularidades vinculadas al uso de contratos de la Cámara de Diputados durante su campaña política.

Según los testimonios difundidos, las denunciantes aseguraron que trabajaron en actividades territoriales y sociales para la dirigente con la promesa de acceder a un empleo formal si ella obtenía un cargo. Sin embargo, afirmaron que tras las elecciones quedaron “sin trabajo, sin respuestas y con miedo”.

Una de las mujeres sostuvo que comenzó colaborando con mercadería y ropa para merenderos y posteriormente obtuvo un AP, aunque denunció que parte del dinero debía ser entregado nuevamente a Quintar. “Se dividía entre nosotras y parte iba para ella”, afirmó. La otra denunciante señaló que “teníamos que pasarle una parte”, en referencia al cobro de esos contratos.

De acuerdo con el relato, el manejo de los pagos era realizado a través de César Luis Borja, secretario de la funcionaria. Las mujeres indicaron que, en determinado momento, se les informó sobre la baja de los contratos “irregulares”, mientras otras personas continuaron cobrando.

Las denunciantes también aseguraron que nunca desempeñaron tareas dentro de la Cámara de Diputados y que toda la relación laboral era directamente con Quintar. Además, denunciaron destrato, humillaciones y situaciones de violencia verbal durante actividades políticas y recorridas por el interior provincial.

Uno de los puntos más polémicos del testimonio fue la supuesta entrega de cajas de vino para captar militantes durante la campaña. Según relataron, la dirigente ofrecía bebidas alcohólicas a cambio de apoyo político. “Tengo unos vinos, fijate quién los quiere si se los damos para que nos laburen”, habría expresado en mensajes exhibidos por una de las denunciantes.

Actualmente, Quintar se desempeña como Coordinadora Interministerial para la Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos, hecho que las denunciantes cuestionaron por la contradicción entre el rol oficial y las prácticas denunciadas.

Fuente: OPINORTE

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