La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó un capítulo clave: declararon las dos jubiladas que le vendieron y financiaron un departamento, en una operación que genera cada vez más dudas sobre el origen de los fondos del funcionario.
Según se conoció, la propiedad fue vendida por unos 230 mil dólares, pero las mujeres aceptaron cobrar apenas 30 mil al momento de la operación y financiar el resto sin intereses, en condiciones inusuales para el mercado inmobiliario.
Durante sus testimonios, las jubiladas afirmaron que no conocían personalmente a Adorni y que la negociación estuvo a cargo del hijo de una de ellas, lo que añade interrogantes sobre cómo se concretó el vínculo y quién impulsó el acuerdo.
El caso se inscribe en una trama más amplia bajo investigación, donde también se analizan préstamos, operaciones hipotecarias y la intervención de una escribana que habría articulado distintos negocios inmobiliarios vinculados al funcionario.
Los investigadores buscan determinar si existió un mecanismo sistemático de financiamiento a través de terceros —incluidas personas jubiladas— para adquirir propiedades, lo que podría derivar en imputaciones por inconsistencias patrimoniales.
La causa avanza mientras se profundiza el análisis sobre el patrimonio de Adorni y crece la presión política en torno a uno de los funcionarios más cercanos al Gobierno.
