El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, encabezó una conferencia de prensa junto a funcionarios del Comité de Crisis conformado para abordar la emergencia en el Pozo Loma de Olmedo X-10. El encuentro, que también contó con la presencia del director general de Hidrocarburos, Pablo Guantay; del director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos, David Lefavi; y del coordinador general de la Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti, tuvo por objetivo informar sobre las medidas adoptadas desde el Ejecutivo Provincial y las acciones judiciales en curso.
De los Ríos recordó que el pozo –perforado en 1983 por YPF, en ese entonces sociedad estatal– forma parte de una serie de perforaciones originadas en la cuenca hidrocarburífera norte. “La última concesionaria que opera allí es President Petroleum S.A. Desde nuestra gestión hemos identificado pozos que carecían del debido proceso de abandono y hemos solicitado a la petrolera estatal YPF que colabore en el rescate de explosivos aún presentes en la zona”, explicó.
En 2023, la Dirección General de Energía e Hidrocarburos detectó una fuga de gas y fluidos del X-10. Según detalló de los Ríos, en ese momento se acondicionó una pileta de contención para evitar la dispersión de los líquidos, se intimó a la firma concesionaria para que presente un plan de abandono definitivo y se verificó el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
“Hace diez días se reactivó la surgencia de gases. Detectamos que la emisión consiste aproximadamente en un 95 % de dióxido de carbono y un 5 % de metano. Por seguridad, hemos establecido una zona de exclusión de 200 metros alrededor del pozo que ya está cercada”, añadió el ministro.
Para llevar tranquilidad a los pobladores, de los Ríos enfatizó:
“Mientras se respete ese perímetro, no hay amenazas para la vida de las personas ni de los animales. Queremos que la comunidad de La Estrella y los puesteros, ubicados a más de 800 metros, sepan que está todo controlado.”
Por su parte, Pablo Buccianti describió las acciones judiciales.
“Investigamos daños ambientales contra seis empresas, entre ellas President Petroleum S.A. y YPF S.A. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General del Ambiente, todos los responsables en la cadena productiva responden por remediación y reparación. Por ello, iniciamos dos causas: una contencioso-administrativa para exigir la reparación económica y otra en el fuero penal.”
El coordinador general de la Fiscalía de Estado agregó que la Procuración General –a cargo de la acción ambiental– y la Fiscalía de Estado –responsable de defender los intereses patrimoniales de la Provincia– trabajan en conjunto para acelerar ambas causas.
Finalmente, de los Ríos sostuvo que el Gobierno provincial “actúa con responsabilidad desde el primer día que se registró este evento” y agradeció a la prensa por “difundir la recomendación de no acercarse al lugar para preservar la seguridad de todos”.
