Mientras Nación niega la violencia de género y desmantela políticas, en Salta dos de cada tres muertes violentas de mujeres son femicidios. La Secretaría local resiste con recursos mínimos.
Con el cierre del Ministerio de la Mujer y discursos oficiales que niegan la violencia de género, Salta intenta sostener políticas de protección con lo poco que queda. Dos de cada tres muertes violentas de mujeres en la provincia son femicidios. La pregunta ya no es retórica: ¿quién se hace cargo?
El origen del conflicto
Desde que el gobierno nacional asumió bajo la bandera del liberalismo extremo, el desfinanciamiento de políticas públicas dejó secuelas profundas. En nombre de la “eficiencia”, se cerraron organismos clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las frases de alto impacto —“la violencia de género no existe”— bajan desde los escritorios más importantes del poder central y se convierten en una coartada para recortar derechos.
Frente a ese vacío, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de Salta intenta resistir. Itatí Carrique, su titular, lo explica sin eufemismos: “Es una problemática muy compleja, con muchos actores. Y sí, falta muchísimo. Pero decir que el área no sirve porque siguen habiendo femicidios es no entender nada. Es una lectura pobre y desinformada”.
Respuesta institucional: negar, recortar, soltarle la mano al problema
La gestión libertaria eligió retroceder justo cuando el drama exige avanzar. En vez de invertir en campañas, capacitaciones o en una Justicia que escuche a tiempo, el gobierno nacional optó por desaparecer del mapa. Las víctimas quedan solas. Las provincias, también.
Desde Salta, Carrique replica con datos. “Hay un número que te congela: de cada tres muertes violentas de mujeres, dos son femicidios. Es como si te dijera que el 75% de los accidentes viales fueran mortales. ¿Qué harías? Mejorar rutas, hacer campañas, reforzar controles. Lo que no hacés es levantar las manos y decir ‘no sirve para nada’”.
Mientras tanto, en redes y medios se repite como mantra: “Las matan igual, ¿para qué está esa oficina?”. Una frase tan cómoda como cruel, que apunta al eslabón más débil para eximir de culpa al más poderoso. Porque la vida de una mujer no se salva con un afiche o una funcionaria. Se salva con Estado. Presente. Con presupuesto. Y con voluntad política.
Impacto humano: el grito que no llega a la puerta indicada
En los pasillos de tribunales y comisarías salteñas, se repite una escena: mujeres que piden ayuda, que denuncian amenazas, que muestran golpes, pero no encuentran eco. Las estadísticas no cuentan esas veces que una mujer volvió a su casa con miedo porque le dijeron que “no había suficientes pruebas”. Y al día siguiente, ya era tarde.
“Te piden una cautelar como si fuera un trámite bancario. Te hacen sentir exagerada”, cuenta Laura, una mujer que escapó con sus dos hijos de un marido violento en Cerrillos. “Cuando fui a pedir ayuda me preguntaron si estaba segura. ¿Qué es estar segura con alguien que te dice que te va a matar?”
Mientras en Nación niegan el problema, en Salta las muertes siguen sumando estadísticas. Una política nacional que elige ignorar lo que más grita: que la violencia de género no es un relato, es una urgencia.
¿Puede una provincia contener lo incontenible si la Nación se desentiende? ¿Cuánto más se puede resistir sin recursos, sin respaldo, sin decisión? Porque cuando el Estado se borra, el peligro tiene vía libre. Y las mujeres, cada vez menos margen.
