La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, generó controversia al afirmar que se buscaría “no más carne argentina” como parte de la política arancelaria impulsada por el gobierno de Donald Trump. Según Rollins, el país priorizaría la producción local, y esa declaración se difundió ampliamente en medios internacionales.
En el sector ganadero argentino, los representantes minimizan el alcance de sus palabras. Expertos han señalado que Estados Unidos importa carne argentina en volúmenes reducidos, apenas entre el 2% y el 3% de sus importaciones totales, y que el país norteamericano necesita contar con insumos para su industria, especialmente cortes magros para procesos de elaboración de productos procesados.
Analistas destacan que el nuevo arancel del 10% anunciado se distribuirá a lo largo de la cadena comercial, lo que podría mitigar su impacto en los precios. Según estos informes, la cifra de aranceles ya existe de forma significativa, sumando un total del 36,4% en algunos casos, y la declaración de Rollins no representa cambios sustanciales para los productores argentinos.
Asimismo, representantes del sector, como el presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, Fernando Herrera, han afirmado que la medida no será efectiva para cerrar el mercado estadounidense, dado que el déficit de carne magra en Estados Unidos sigue haciendo necesaria la importación, sin que la estructura del mercado cambie de manera drástica.
