En San Martín no existe un solo centro de rehabilitación. Mientras crece el consumo en comunidades originarias, el gobierno provincial guarda silencio.
En el departamento de San Martín, al norte de Salta, el consumo de drogas se disparó entre jóvenes y comunidades originarias. Sin centros de atención ni políticas de prevención, el vacío institucional se hace carne. La droga gana terreno y nadie parece dispuesto a frenarla.
El origen del conflicto
El consumo problemático de sustancias no es nuevo en Salta, pero en los últimos años se expandió con fuerza hacia el interior, especialmente en el departamento de San Martín. Municipios como Pacará, Tartagal y General Mosconi reportan casos crecientes de jóvenes que caen en la adicción sin tener a dónde acudir.
Oriana Névora, candidata a diputada por el PRO y abogada, expuso la situación tras recorrer varias localidades del norte. “Hoy estoy en Pacará y hablé con muchas mamás. Me cuentan lo que ya todos sabemos pero nadie quiere decir: los chicos se están perdiendo. No hay lugar para llevarlos”, denunció en redes sociales. El problema ya desborda las zonas urbanas y golpea con fuerza a las comunidades originarias, donde el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura agravan el drama.
Respuesta institucional: el silencio como política
Mientras las estadísticas se disparan y las familias piden auxilio, la respuesta oficial brilla por su ausencia. “No hay ningún centro de rehabilitación en todo el departamento. Ninguno”, remarcó Névora. Tampoco hay campañas de prevención activas, ni equipos móviles, ni atención sistemática.
La ministra de Salud provincial, que en su última visita a Tartagal se limitó a hablar de “acompañamiento comunitario”, no anunció ninguna inversión concreta. “Tenemos que fortalecer los vínculos”, fue todo lo que dijo. Mientras tanto, los vínculos se rompen por dentro.
La contradicción es dolorosa: mientras el gobierno asegura que hay una “red de atención territorial”, los vecinos del norte no encuentran ni una puerta que se abra. Las cifras no están en los informes oficiales, pero sí en las calles: grupos de adolescentes consumiendo solventes, pasta base o alcohol en plena vía pública. El deterioro es visible. Y también evitable.
Impacto humano: madres sin respuestas, chicos sin futuro
En Pacará, los testimonios se repiten como un eco triste. Marta, una vecina de 46 años, cuenta que su hijo de 14 empezó con alcohol y terminó en la pasta base. “Fui a la salita, me dijeron que no podían hacer nada. Llamé a Tartagal, me pasaron un número que nunca atienden. Mi hijo se me va de las manos y nadie escucha”.
En las comunidades originarias, la situación es aún más crítica. La droga llegó con fuerza a zonas donde antes no había ni televisión. “Nosotros antes no teníamos eso, pero ahora es común ver chicos tirados, sin rumbo”, dice Roberto, cacique de una comunidad wichí cercana a Embarcación. “Nadie viene, nadie se mete, porque somos invisibles para ellos”.
Un Estado que promete inclusión y federalismo, pero no puede —o no quiere— ofrecer un mísero refugio para jóvenes atrapados en la droga. En el norte de Salta, la contención es una palabra vacía.
¿Hasta cuándo se seguirá mirando para otro lado mientras los chicos se hunden? Porque cuando la droga avanza, el silencio también mata.
