Desde la asunción de Javier Milei, las provincias argentinas enfrentan una fuerte merma de recursos coparticipables que supera los $15 billones. Esta pérdida refleja una estrategia fiscal regresiva que concentra poder en la Nación, debilita los presupuestos provinciales y pone en riesgo la equidad territorial
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, las provincias argentinas perdieron por coparticipación más de 15,5 billones de pesos. Esa cifra monumental, que equivale a casi 12.000 millones de dólares, no solo revela una decisión política, sino que desnuda un modelo económico que consolida la desigualdad, recentraliza recursos fiscales y erosiona el federalismo.
Las decisiones impositivas del gobierno nacional fueron clave en este proceso. Se reintrodujo el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —golpeando directamente a trabajadoras y trabajadores que volvieron a pagarlo—, se eliminó la devolución del IVA —que beneficiaba fundamentalmente al consumo popular— y se redujeron las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales en el marco de un blanqueo a tasa cero, un verdadero “ofertón” para los ricos. Todo esto, mientras se subía el impuesto PAIS y a los combustibles, al tiempo que la recuperación del agro post-sequía aseguraba ingresos por vía de las retenciones, todos impuestos de nula o baja coparticipación. El resultado es tan claro como brutal: los de arriba pagan menos, los de abajo, más, y las provincias y los municipios reciben menos recursos.
En lo que va de 2025, a pesar de los resultados publicados por ARCA en estos primeros meses del año, esta dinámica se profundiza. Aunque el gobierno intenta instalar la idea de una economía en franca recuperación, los datos de recaudación lo contradicen, y las leves subas interanuales se explican fundamentalmente porque los primeros meses del año pasado fueron muy malos y por lo tanto la base de comparación es baja. Así y todo, en el primer trimestre, los ingresos totales cayeron -4,1%, con un desplome del -8,8% en el IVA, impuesto que depende de la dinámica del consumo. Sí aumentaron los ingresos por combustibles y lo recaudado por impuesto a las ganancias, pero por razones puntuales: la reintroducción de la cuarta categoría, otra vez afectando a las y los trabajadores.
Provincias asfixiadas
Es momento de preguntarnos: ¿puede sobrevivir la democracia con provincias asfixiadas y un gobierno nacional que decide unilateralmente sobre los recursos? ¿Podemos hablar de justicia tributaria cuando quienes más tienen pagan menos, y los que menos tienen pagan más, mientras los servicios públicos se deterioran y se frenan las obras de infraestructura?
Lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre la recaudación. Es un debate profundo respecto a qué Estado queremos y a quién beneficia el ajuste que están pagando jubilados, trabajadores, provincias y municipios, y qué sociedad estamos construyendo. Porque detrás de cada punto de caída por coparticipación hay hospitales y escuelas con menos recursos, rutas que se deterioran, cloacas que no llegan, derechos que retroceden.
Y en ese esquema, las provincias —más allá de colores políticos— se ven cada vez más limitadas para cumplir con sus funciones esenciales. Milei prometió terminar con “la casta”, pero el ajuste cae sobre quienes menos tienen. Están los que “la ven”, y están los que no “la ven” pero la sufren. El Estado que se debilita no es el que usa los recursos fiscales para beneficiar a un puñado de poderosos, sino el que garantiza derechos.
La recaudación cae, pero no por casualidad. Cae porque así lo decidieron Miliei y el FMI. Y lo que se debilita no es solo un sistema fiscal: es el entramado que sostiene la equidad territorial, la inclusión y la justicia social.
