La decisión fue oficializada por la jueza Loretta Preska y se ejecutará mañana. La Corte Suprema norteamericana lo había habilitado en enero. Congeló, además, otros USD 100 millones.
Tras la decisión que había tomado en enero la Corte Suprema de los Estados Unidos de habilitar a que se embarguen activos que tiene el Estado argentino por reclamos de deuda impaga por parte de holdouts, la jueza norteamericana Loretta Preska aprobó finalmente el embargo de USD 210 millones, que serán ejecutados mediante una orden en la mesa de entrada en la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Attestor Master. Además, la jueza congeló otros USD 100 millones hasta que otros dos grupos de acreedores culminen con la disputa.
Se trata de reclamos de tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años. La victoria obtenida ahora, luego del aval otorgado por la Corte Suprema norteamericana en enero, que rechazó la apelación argentina, se suma a otras que habían tenido los holdouts en instancias previas, en la que el país había sido obligado a entregar títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990. Como en 2023 el país terminó de pagar sus obligaciones, los títulos entregados como garantía quedaron liberados. Ahora, nuevos fondos quedaron embargados.
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri). Y la estimación es que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.
Los títulos embargados están en manos del Tesoro de Estados Unidos. La Argentina los había entregado como garantía de pago de los bonos Brady emitidos a comienzos de los ´90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios lanzada por el entonces secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady. Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.
