El fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó medidas cautelares al Juzgado de Garantías para garantizar el orden público en el Mercado San Miguel, tras los recientes hechos de tensión vinculados a una intervención promovida por la Municipalidad de Salta. Estas medidas buscan proteger la integridad del mercado, garantizar la seguridad en el área y prevenir posibles actos de violencia.
José “Pepe” Muratore, ex administrador del Mercado San Miguel, ha sido acusado de interrumpir un acto funcional y resistirse a la autoridad, lo que derivó en su restricción de acercarse a menos de 200 metros del mercado, ubicado en la intersección de Urquiza e Ituzaingó.
Medidas cautelares
Entre las disposiciones adoptadas por la Fiscalía, se incluye:
- Prohibición de acercamiento: Muratore no podrá acercarse a menos de 200 metros del Mercado San Miguel ni tener contacto con las autoridades municipales, el personal administrativo o de seguridad del lugar.
- Restricción de acceso a documentos: Se le impide retirar, alterar o suprimir cualquier documento, registro o base de datos relacionados con el mercado.
- Desalojo inmediato: En caso de ser localizado en el lugar, Muratore deberá ser retirado del predio con la intervención de la policía.
- Notificación formal: Las medidas serán comunicadas oficialmente en su domicilio personal o laboral, con constancia de firma.
Prevención de violencia
Ramos Ossorio también promovió la prohibición de cualquier acto de violencia física o psíquica contra las autoridades municipales, así como contra los trabajadores del mercado. Estas medidas buscan evitar confrontaciones en el contexto de la intervención del mercado y garantizar la continuidad de las operaciones bajo las normativas vigentes.
Contexto
El Mercado San Miguel es un lugar emblemático de la ciudad de Salta, reconocido tanto por su valor comercial como cultural. La intervención municipal ha generado tensiones en los últimos días, en las que el ex administrador del mercado, José Muratore, ha tenido un papel destacado. La aplicación de estas medidas cautelares pretende estabilizar la situación y proteger los intereses públicos.
Estas acciones legales marcan un precedente en la gestión del Mercado San Miguel, reforzando la importancia de cumplir con las normativas vigentes y preservar el orden en espacios de relevancia para la comunidad salteña.
