El Mercado San Miguel de Salta, conocido por su complejidad administrativa y cuestiones relacionadas con la infraestructura, atraviesa una crisis significativa. Pepe Muratore, quien ha estado al frente del mercado durante más de 50 años, ha reaccionado ante la intervención de la Municipalidad. A raíz de la decisión de la Municipalidad de terminar su gestión y nombrar a Emilio Gutiérrez como interventor, Muratore se ha atrincherado en su oficina, desafiando la medida.
A través de una medida cautelar obtenida del juez Víctor Raúl Soria, Muratore logró frenar temporalmente su remoción del cargo, lo que desató una confrontación de gran escala. En medio de esta situación tensa, el exadministrador desafía abiertamente a las autoridades municipales, advirtiendo que su salida podría desencadenar despidos masivos entre los puesteros, lo que ha complicado aún más el panorama. “Tendrán que sacarme muerto”, declaró Muratore, quien continúa recibiendo el apoyo de algunos puesteros que temen las repercusiones de su salida y perciben la intervención como una amenaza a su estabilidad laboral. Para estos, el cambio de administración podría significar la pérdida de sus trabajos, lo que intensifica la polarización entre las partes involucradas.
Este enfrentamiento se desarrolla en un contexto marcado por el desorden y las críticas a la gestión, ya que Muratore está vinculado al trágico incendio ocurrido semanas atrás en el mercado, un siniestro que puso en evidencia las deficiencias en la infraestructura y la falta de control sobre las condiciones de trabajo en el lugar. La falta de un sistema de mantenimiento adecuado, como confirmaron las pericias, fue la causa de un cortocircuito que originó el fuego. Sin embargo, Muratore defiende su gestión, señalando que las deficiencias en infraestructura son problemas estructurales de largo plazo, y que la responsabilidad de las condiciones del mercado también recae en otros factores fuera de su control. Para él, las circunstancias de este incidente no deben ser utilizadas como excusa para su remoción, sino como un reflejo de una situación que requiere una solución integral y no simplemente un cambio de administración.
A pesar de las graves irregularidades denunciadas por los propios puesteros, Muratore mantiene una postura firme y desafiante. En una de sus intervenciones, el exadministrador aclaró que su accionar no fue una traición, sino una estrategia política, destacando las relaciones que ha cultivado con figuras clave del ámbito político local, especialmente con el exintendente Miguel Isa, quien lo apoyó durante años. Este vínculo político ha sido señalado por diversos sectores como un factor crucial que le permitió a Muratore consolidar su poder dentro del Mercado San Miguel, a pesar de las denuncias de precarización y mala gestión que han surgido en torno a su administración. Desde su perspectiva, su permanencia en el cargo refleja un apoyo legítimo de las bases, más que un acto de corrupción o abuso de poder.
El conflicto no solo ha generado una profunda tensión entre Muratore y las autoridades municipales, sino que también ha puesto en evidencia las complejas dinámicas políticas y empresariales en juego. Los puesteros, que durante años han enfrentado condiciones laborales precarias, se ven ahora atrapados en una disputa de poder que los involucra directamente. Mientras que algunos temen que el cambio de administración pueda significar una nueva ola de despidos, otros perciben que la resistencia de Muratore es una estrategia para asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores, al menos temporalmente. En este contexto, los puesteros se ven obligados a tomar partido, sin saber cuál es la verdadera solución a los problemas que enfrentan desde hace tanto tiempo. La intervención municipal podría ser vista como un intento por mejorar la situación, pero no todos creen que este cambio sea el remedio definitivo.
La intervención municipal, impulsada por la nueva administración encabezada por el intendente Gustavo Sáenz, ha generado un gran debate sobre el futuro del Mercado San Miguel. Si bien la postura oficial del municipio es que se necesita una reorganización urgente para garantizar la seguridad y el bienestar de los salteños, algunos ciudadanos y puesteros consideran que la intervención es una maniobra política más que una verdadera solución a los problemas estructurales del mercado. La decisión de poner fin a la gestión de Muratore, un hombre que ha estado al frente del mercado por más de 50 años, no es vista por todos como una medida de progreso, sino como un intento por parte del municipio de apropiarse de un espacio con una significativa carga política y económica.
El enfrentamiento, por lo tanto, no solo es una lucha por el control de un espacio comercial, sino un choque entre visiones contrapuestas sobre cómo gestionar el mercado. Si bien algunos apoyan la intervención como una forma de acabar con las irregularidades, otros sostienen que la salida de Muratore no hará más que generar nuevos conflictos, sin resolver los problemas de fondo. En este escenario, las verdaderas víctimas parecen ser los puesteros, atrapados en medio de una disputa de poder que podría tener repercusiones negativas para todos.
