Por decreto, habilitan desalojos en tierras de comunidades. El objetivo es fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones.
El gobierno de Javier Milei derogó la emergencia en posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas que atraviese una disputa y conflicto con agrupaciones de los pueblos originarios. A través del DNU 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial este martes, se eliminó la protección vigente desde 2006 bajo la Ley 26.160.
La normativa entrará en vigor el miércoles 11 de diciembre. Permitirá a los propietarios retomar acciones legales para desalojar ocupaciones en sus terrenos.
“Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”, indica el decreto.
El Gobierno argumentó que las sucesivas prórrogas de la ley generaron “inseguridad jurídica, abuso en la inscripción de comunidades y conflictos territoriales”.
Según el texto oficial, de las 1626 comunidades reconocidas actualmente, muchas no cumplen con los requisitos legales para su validación.
Impacto económico
El Ejecutivo también justificó la decisión en términos económicos. Señaló que la emergencia territorial limitó inversiones productivas y frenó proyectos de infraestructura.
“Es imprescindible recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, afirmaron desde el entorno presidencial.
Repercusiones y desafíos
La derogación no solo habilita los desalojos, sino que también busca consolidar la propiedad privada como eje central del desarrollo. Desde el Gobierno, destacaron que la medida pretende “fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones”.
“La prioridad es respetar los derechos de los propietarios sin descuidar el reconocimiento de comunidades indígenas que cumplan con los requisitos legales”, concluyeron fuentes oficiales. La implementación marcará el curso de esta nueva etapa en la política territorial del país.
