El gobierno de Javier Milei ha decidido dar un paso significativo en su estrategia de defensa, comprometiendo una deuda de 2.310 millones de dólares para la compra de tres submarinos de última generación de la clase “Scorpene” al astillero francés Naval Group. Esta millonaria inversión será financiada mediante un crédito plurianual, que ya está incluido en el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo.
Los submarinos, conocidos como “Clase Riachuelo” en su versión argentina, son una adaptación del modelo brasileño. La compra fue acordada a través de una Carta de Intención firmada en octubre por el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de la Armada, Carlos Allievi, durante una visita oficial a Francia. Estos submarinos, que tienen una autonomía de hasta 70 días bajo el agua y la capacidad de lanzar hasta 18 torpedos F-21 o misiles SM-39 Exocet, reforzarán la capacidad de la Armada argentina en el Atlántico Sur.
El contrato de compra podría implicar la fabricación de los submarinos íntegramente en Francia, aunque existe la posibilidad de que algunas piezas sean ensambladas en Argentina. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por diversos sectores, debido a que se da en un contexto de severos recortes en áreas como educación, ciencia e investigación, las cuales enfrentan uno de los presupuestos más bajos de la historia reciente.
Este desajuste entre las prioridades de gasto ha generado controversia. Mientras la inversión en defensa busca reemplazar la capacidad submarina perdida tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017, el gasto destinado a sectores clave para el desarrollo del país sigue siendo recortado. Analistas y miembros de la comunidad educativa y científica han expresado su preocupación por este desbalance, especialmente en un contexto de crisis económica.
Defensores de la compra argumentan que los submarinos “Clase Riachuelo” son fundamentales para recuperar capacidades estratégicas en un Atlántico Sur de creciente relevancia geopolítica, particularmente por la explotación de recursos naturales y la presencia de flotas extranjeras. Sin embargo, la aprobación del crédito aún depende del Congreso Nacional, lo que abrirá un debate sobre si este gasto es apropiado en tiempos de ajuste y austeridad.
