La Avenida Libertador, uno de los principales accesos de la Zona Norte de Buenos Aires, se ha convertido en una caja de recaudación para los municipios, donde miles de conductores se ven sorprendidos por fotomultas que, por superar levemente los 80 km/h, pueden llegar a los 120.000 pesos. Sin embargo, lo que parecía un simple esquema de sanciones ahora se convierte en una polémica mucho más grande, ya que la Justicia Federal investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la eliminación de multas a cambio de coimas.
El caso involucra a Jorge D’Onofrio, Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, quien, según fuentes judiciales, estaría siendo investigado por su posible rol en este entramado de corrupción. Este escándalo podría poner en riesgo la imagen del gobernador Axel Kicillof, ya que D’Onofrio, nombrado en su cargo por Sergio Massa, es señalado como el responsable de un sistema de recaudación ilegal que compromete tanto la política como las autoridades municipales.
Según informes de la Justicia, el monto involucrado podría superar los 50 millones de dólares, sumados a las 32 millones de causas de infracción en los juzgados de faltas provinciales. “Se trata de un fraude gigantesco, uno de los más importantes de los últimos diez años”, afirmó un funcionario judicial bajo anonimato.
El esquema, que incluye la eliminación de infracciones a cambio de dinero, ha comenzado a destaparse gracias a las investigaciones, que también apuntan a familiares y colaboradores del ministro. Se especula que Claudia Pombo, novia de D’Onofrio, estaría invirtiendo en propiedades de lujo en España, lo que ha llamado la atención de los investigadores. Además, la ostentación en el estilo de vida del ministro, que utiliza autos y 4×4 de lujo, ha despertado sospechas.
El sistema de “sacamultas” no solo afecta la imagen de D’Onofrio, sino que también pone en evidencia una gestión que, en nombre de la seguridad vial, ha servido como un vehículo de financiación para el aparato político y municipal en tiempos de crisis económica.
La investigación continúa y la Justicia está tras los pasos de los involucrados, que incluyen desde jueces de faltas hasta concejales locales que habrían facilitado el pago de sobornos a cambio de borrar las infracciones. En medio de todo esto, la gestión de Kicillof se enfrenta a una crisis de credibilidad debido a la conexión con este escándalo de corrupción.
