La exvicepresidenta busca evitar que le saquen los haberes mensuales que ascienden a $35 millones. “Esto se decidió de manera ilegal y autoritaria”, señala el texto que presentó su abogado.
Cristina Kirchner ha presentado un recurso de nulidad para frenar la decisión del Gobierno de quitarle su jubilación de privilegio. En un documento de 36 páginas, su abogado argumenta que esta medida es “ilegal y autoritaria”, y defiende que la exvicepresidenta tiene derecho a seguir percibiendo los haberes mensuales que recibía como presidenta de la Nación y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
En días recientes, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, reveló que Cristina Kirchner cobró $35.255.297 en noviembre, incluyendo un suplemento por zona austral de $6.354.523 debido a su domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz.
El recurso de nulidad sostiene que la decisión de De los Heros fue “arbitraria” y que, según el abogado de Kirchner, se tomaron “artilugios” para revocar los derechos de la exmandataria sin ofrecerle la oportunidad de defenderse adecuadamente. Además, subraya que no se explicaron los motivos legales que justifiquen tal revocación.
El documento recalca que la administración no tiene la facultad para tomar esta decisión, y que la Ley 24.241 claramente estipula las condiciones bajo las cuales este tipo de beneficio puede ser suspendido. Por lo tanto, considera que la resolución es “nula, de nulidad insanable”.
El abogado también hace hincapié en que esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de un “proceso de hostigamiento” que la Dra. Kirchner viene sufriendo desde 2015, el cual, según su defensa, ha llevado a una serie de medidas políticas en su contra. En este sentido, critica que la resolución de ANSES es un acto de “persecución” con fines partidistas y venganza.
Asimismo, el recurso destaca la contradicción entre este caso y la situación de la pensión vitalicia de Zulema Yoma, exesposa de Carlos Menem, quien seguirá recibiendo su beneficio pese a la condena del expresidente en dos instancias. La defensa de Kirchner califica este trato como “arbitrario y manifiestamente injusto”.
