El acuerdo fue precedido por el convenio del 10 de junio último con la Jefatura de Gabinete, en el que se establecieron las responsabilidades sobre diversas obras públicas. En este convenio, firmado junto a Guillermo Franco y Lisandro Catalán, se estipula que la Provincia se haría cargo de obras de infraestructura urbana menores, como redes de agua, saneamiento y cordones cuneta, mientras que obras de mayor envergadura, como plantas depuradoras y rutas nacionales, quedarían bajo la responsabilidad de Nación, siempre dependiendo de la disponibilidad de recursos.
En cuanto a la construcción de viviendas, se informó que la Nación no tiene planes de construir núcleos en la provincia, ya que esta tarea recae en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
Sobre la carga impositiva, Zapata expresó optimismo respecto al futuro económico de Argentina y señaló que 2025 será fundamental para la recuperación de la actividad privada. Subrayó la necesidad de que el Estado reduzca los impuestos para impulsar el sector privado y la recuperación salarial. “La única forma de recuperar el salario es bajar los impuestos”, afirmó, apuntando también a los intendentes.
El Decreto N° 70/23 declara la emergencia pública en varias áreas —económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social— hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de mitigar la crisis que afecta a la población, especialmente en lo social y económico. En este contexto, el Estado Nacional y las provincias acordaron colaborar para implementar medidas que ayuden a superar esta crisis. El acuerdo busca un desarrollo equitativo y sostenible en todo el país y dispone que el Estado Nacional transfiera a las provincias la responsabilidad de financiar o ejecutar obras públicas detalladas en el Anexo I. Las provincias podrán rescindir estos convenios si lo consideran necesario.
Asimismo, el Estado nacional mantendrá el financiamiento y/o ejecución de las obras del Anexo II, aunque también podrá rescindir contratos en casos pertinentes. Las obras enumeradas en el Anexo III, sin embargo, aún no tienen definida la fuente de financiamiento ni el responsable de su ejecución, y se decidirá más adelante si serán financiadas y ejecutadas por la provincia o por Nación.
Optimización y ampliación de servicios de agua potable en municipios como San Ramón de la Nueva Orán y La Caldera.
Recambio y modernización de cañerías*en barrios de Salta Capital, General Güemes y Aguaray.
Las que tiene Nación y las que aún quedan “pendientes”
El Anexo II del convenio abarca infraestructura vial, obras de saneamiento y agua potable, y desarrollos de infraestructura judicial en Salta. Las principales obras incluyen:
Pavimentación y construcción de autopistas como la RN 9/34 y mejoras en rutas estratégicas como la 40 y 68.
Saneamiento y Agua Potable: Ampliación de la planta depuradora sur en Salta Capital y construcción de una planta potabilizadora en el Dique Campo Alegre.
La construcción de la Ciudad Judicial en Orán (1° etapa).
El Anexo III incluye obras de infraestructura sanitaria, urbanización y recreación, sin definición aún de su financiamiento o entidad responsable. Entre ellas:
Ampliación de redes de agua y desagües cloacales en Metán, Coronel Olleros y barrios de Salta Capital, Seclantás y Las Lajitas.
Proyectos de pavimentación y adoquinado en Cachi, Coronel Moldes, Vaqueros, Animaná y Lumbreras.
Construcción de una cancha de hockey en Metán, un salón comunitario en Colanzulí y mejoras en el complejo turístico de La Caldera.
Este Anexo III busca mejorar la calidad de vida mediante urbanización y espacios recreativos, pero se mantiene pendiente el financiamiento y responsables de su ejecución.
Al respecto de este panorama, el diputado nacional Carlos Zapata consideró que “el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, pero son las provincias las que deben gestionar y financiar este tipo de obras, ya sea con recursos propios o a través de financiamiento privado”. Además, criticó que los fondos de coparticipación federal, que representan entre el 60% y el 65% de los ingresos provinciales, se utilicen en gastos superfluos y no en el acceso a vivienda y servicios básicos.
Sobre la carga impositiva, Zapata expresó optimismo respecto al futuro económico de Argentina y señaló que 2025 será fundamental para la recuperación de la actividad privada.
Subrayó la necesidad de que el Estado reduzca los impuestos para impulsar el sector privado y la recuperación salarial. “La única forma de recuperar el salario es bajar los impuestos”, afirmó, apuntando también a los intendentes.
Zapata hizo un llamado para que los intendentes disminuyan los impuestos y eliminen gastos innecesarios. “Todos se aprovechan del aumento de impuestos para presionar al ciudadano, y este no recibe un servicio a cambio”, criticó, destacando la necesidad de una gestión más eficiente para los contribuyentes.
