La decisión dejó sin efecto los acuerdos firmados por la última gestión kirchnerista. “Instamos a las fuerzas de seguridad a que desalojen a los usurpadores”, afirmó el ministro Cúneo Libarona
El Ministerio de Justicia de la Nación anuló el acuerdo que la administración del ex presidente Alberto Fernández firmó con “grupos criminales autodenominados mapuches” y cuestionó la connivencia del gobierno anterior con los responsables de las usurpaciones.
El anuncio se hizo público el día después de la condena a siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que en noviembre de 2017 usurpó siete hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales y a quienes Fernández pretendía beneficiar con la entrega de esas tierras y la construcción de viviendas.
Seis mujeres y un hombre, integrantes del grupo mapuche, fueron condenados con penas máximas de dos años y seis meses de prisión un suspenso por el ingreso intempestivo a las tierras que Parques Nacionales tiene en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Durante el proceso se confirmó que los intrusos utilizaron métodos violentos para ingresar e instalarse en el lugar. Y desde los predios usurpados avanzaron a otros linderos, pertenecientes a otros organismos públicos y a varios privados.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, posteó en la red social X que “Argentina no negocia con terroristas”, en consonancia con el comunicado distribuido por la cartera que conduce. “Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras” dijo el funcionario, y remató: “eso se terminó, anulamos ese acuerdo”.
Para el resto de los integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu, algunos de los cuales permanecen prófugos desde octubre de 2022, también había beneficios como la cesión de un predio de 10 hectáreas en el lago Guillelmo – a pocos kilómetros de Villa Mascardi, para que ejerzan así sus actividades autosustentabilidad.
A pesar de que los usurpadores, en primer término, se quejaron por las dimensiones del predio, luego lo aceptaron con el compromiso de seguir negociando más beneficios. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, había adelantado su rehazo a ese pacto y, en el mismo sentido, dio impulso a la querella para juzgar a los usurpadores.
Sobre el convenio de la administración Fernández, Cúneo Libarona sostuvo que “hace años que grupos autodenominados mapuches vienen tomando a la fuerza tierras públicas y privadas, lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarle dichas tierras del Estado a estos delincuentes”.
Además describió los atentados incendiarios y hechos vandálicos que protagonizó la agrupación Lafken Winkul Mapu en los últimos años. “En el año 2022, el grupo incendió deliberadamente la cabaña Los Radales y un puesto de Gendarmería Nacional” recordó y aseguró que “estas acciones criminales atentan no sólo contra el patrimonio nacional sino también contra los derechos de todos los argentinos”.
“El gobierno de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley” aseguró.
La comunidad permaneció durante 5 años en Villa Mascardi, hasta octubre de 2022, momento en el que se produjo el desalojo integral de los terrenos usurpados, tanto públicos como privados.
En ese tiempo avanzaron sistemáticamente, hasta ocupar una franja completa. Desde allí se movilizaron para cortar la circulación de vehículos en la ruta nacional 40 como método de reclamo ante distintas situaciones, agredieron con piedras a automovilistas y hostigaron a los turistas que intentaban disfrutar de la playa en el lago Mascardi.
“El gobierno de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley” aseguró
